Representantes de seis países se reunieron en la Ciudad de México. Advirtieron riesgos por proyectos extractivos y energéticos.
Ciudad de México.- Representantes de 15 pueblos indígenas provenientes de México, Colombia, Bolivia, Argentina, Chile y Nepal concluyeron el encuentro «Territorios, Derechos, Pueblos Indígenas: Transición Justa hacia Nuevos Modelos de Responsabilidad Empresarial», del que surgió un pronunciamiento conjunto con siete demandas dirigidas a los Estados y a las empresas para garantizar el respeto a los derechos de las comunidades originarias frente a proyectos energéticos y extractivos.
Durante tres días de trabajo, las delegaciones compartieron experiencias sobre los impactos de proyectos mineros, hídricos, eólicos y fotovoltaicos que, señalaron, se desarrollan bajo el argumento de la transición energética y el desarrollo económico, pero que en diversos casos avanzan sin procesos adecuados de consulta y consentimiento.
Denuncian riesgos para territorios y defensores
En el documento, los participantes afirmaron que los pueblos indígenas enfrentan amenazas crecientes sobre sus tierras y territorios, además de procesos de criminalización, hostigamiento y violencia contra personas defensoras del medio ambiente y de los derechos colectivos.
También recordaron que instrumentos internacionales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Acuerdo de Escazú reconocen derechos como la libre determinación, la propiedad territorial y el consentimiento libre, previo e informado.
Los representantes subrayaron además el papel de los pueblos originarios en la conservación de la biodiversidad, la protección de los ecosistemas y la respuesta al cambio climático mediante sus sistemas tradicionales de gobernanza y manejo del territorio.
Siete demandas a gobiernos y empresas
Entre los principales acuerdos, las organizaciones exigieron el reconocimiento jurídico pleno de sus territorios como espacios fundamentales para su identidad, cultura y supervivencia.
Asimismo, sostuvieron que la transición energética no debe sustentarse en nuevas formas de extractivismo o despojo territorial y demandaron que los gobiernos garanticen consultas libres, previas e informadas antes de autorizar proyectos de exploración o explotación.
El pronunciamiento también solicita fortalecer la protección de personas defensoras, investigar y sancionar actos de violencia, además de exigir que las empresas implementen procesos de debida diligencia con enfoque de derechos humanos, interculturalidad, igualdad de género y protección ambiental.
Cooperación entre pueblos indígenas
Las organizaciones participantes anunciaron que fortalecerán la cooperación entre pueblos indígenas del Sur Global mediante el intercambio de estrategias jurídicas, protocolos comunitarios y mecanismos de defensa territorial.
Como mensaje final, hicieron un llamado a la comunidad internacional para garantizar la participación efectiva de los pueblos originarios en las decisiones relacionadas con el desarrollo energético.
«No podrá existir una Transición Energética Justa sin la Participación Plena y Efectiva y el Respeto de los derechos Humanos y específicos de los Pueblos Indígenas», concluye el pronunciamiento.
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