En Síntesis
Alfredo Cuéllar*
Durante años hemos formulado
una pregunta que parece
no tener respuesta:
¿qué tiene que hacer un político
para que sus propios seguidores
finalmente lo abandonen?
Escándalos que hace unas décadas habrían terminado carreras políticas hoy producen indignación durante unos días, ocupan titulares, provocan acusaciones y defensas y, con sorprendente frecuencia, no pasa nada. El político permanece. Sus seguidores permanecen. Incluso puede salir fortalecido.
Amanda Taub publicó recientemente en The New York Times un extraordinario artículo titulado Why Scandals Don’t Bring Down Politicians Anymore. Su explicación merece atención porque trasciende a Donald Trump y a Estados Unidos. Taub encuentra el mismo fenómeno en España, Francia, Gran Bretaña e Israel y recurre a investigaciones de varios politólogos para identificar una causa común: la polarización está rompiendo el mecanismo mediante el cual el escándalo producía consecuencias políticas.
Antes, la secuencia parecía relativamente sencilla:
Conducta indebida → revelación → indignación pública → pérdida de apoyo → castigo político.
No siempre funcionaba, desde luego. Pero el político sabía que un escándalo suficientemente grave podía costarle el cargo. Su propio partido podía abandonarlo porque defenderlo resultaba electoralmente demasiado costoso.
La polarización ha modificado esa ecuación.
DE ADVERSARIOS A ENEMIGOS
El problema no consiste solamente en que las diferencias ideológicas sean mayores. Taub se refiere a la llamada polarización afectiva: ya no solamente pensamos diferente de nuestros adversarios; desconfiamos de ellos, los rechazamos y, en casos extremos, comenzamos a considerarlos una amenaza.
Cuando eso sucede, cambia nuestra reacción ante el escándalo.
El elector puede reconocer que el político de su partido actuó mal y, sin embargo, continuar apoyándolo. ¿Por qué? Porque castigarlo puede significar ayudar al adversario.
Entonces aparece una racionalización extraordinariamente poderosa: sí, lo que hizo estuvo mal, pero los otros son peores.
Taub muestra cómo este fenómeno cruza fronteras. El republicano Ken Paxton en Texas convirtió las acusaciones en su contra en evidencia de una persecución política. Pedro Sánchez en España ha presentado investigaciones relacionadas con su esposa como parte de una ofensiva de la derecha. Marine Le Pen en Francia calificó el proceso que terminó en su condena por malversación como una “cacería de brujas”. Benjamin Netanyahu ha sostenido durante años que las causas judiciales en su contra tienen motivaciones políticas.
El mecanismo es semejante: el político consigue transformar una acusación contra él en un ataque contra nosotros.
Y cuando eso ocurre, defender al político deja de significar necesariamente defender su conducta. Significa defender al grupo.
Los medios partidistas pueden reforzar todavía más el fenómeno. Minimizan los escándalos de los propios y magnifican los del adversario. Después de suficientes acusaciones, los ciudadanos comienzan a pensar que todo escándalo es simplemente propaganda política.
El escándalo pierde credibilidad y, finalmente, pierde poder.
MÉXICO NO ES LA EXCEPCIÓN
Taub no analiza México, pero resulta difícil leer su artículo sin reconocer comportamientos que conocemos bien.
La polarización mexicana ha hecho cada vez más frecuente que una acusación se juzgue primero por la identidad política del acusado y después por los hechos. Una denuncia contra alguien de nuestro grupo puede convertirse inmediatamente en persecución; una acusación semejante contra alguien del grupo contrario puede aceptarse como confirmación de lo que ya creíamos.
No es un fenómeno exclusivo de Morena, PAN, PRI o cualquier otro partido. Es la lógica misma de la polarización.
El deterioro institucional mexicano hace especialmente importante el problema. El informe Democracy Report 2026 de V-Dem identifica a México entre los países que atraviesan un proceso de autocratización y señala, entre otros factores, el debilitamiento de controles institucionales.
Cuando la identidad partidista comienza a pesar más que la conducta del gobernante, la rendición de cuentas se debilita.
Y aquí la Micropolítica puede ayudarnos a avanzar un paso más en la explicación.
CUANDO TRANSGREDIR DEJA DE COSTAR
La Micropolítica parte de que el poder es una capacidad relacional que solo existe en expansión o en degradación. Quien posee poder intenta conservarlo, ampliarlo y evitar aquello que pueda disminuirlo.
El escándalo funcionaba precisamente porque tenía un costo de poder.
Podía quitar votos, aliados, prestigio, influencia y finalmente el cargo. La posibilidad de perder poder imponía límites al comportamiento.
Pero ¿qué sucede cuando ese costo disminuye o desaparece?
Si el político descubre que sus seguidores continuarán apoyándolo; que su partido no lo abandonará; que los medios afines relativizarán la acusación y que incluso puede convertir el escándalo en prueba de que sus enemigos lo persiguen, cambia el cálculo.
La consideración ética no necesariamente desaparece. Lo que pierde es su capacidad para imponer un costo al poder.
Éste puede ser el punto más preocupante.
El problema no es solamente que existan políticos dispuestos a transgredir normas. Siempre han existido. El problema aparece cuando la transgresión deja de resultar políticamente costosa.
Si violar una norma no reduce mi poder, ¿qué incentivo de poder tengo para respetarla?
La tolerancia puede entonces alimentar nuevas transgresiones. Éstas producen mayor desconfianza en las instituciones; la desconfianza aumenta la polarización y la polarización vuelve todavía más difícil castigar la siguiente transgresión.
El círculo podría resumirse así:
Polarización → tolerancia al escándalo → menor costo de la transgresión → abuso del poder → pérdida de confianza → mayor polarización.
Y comienza otra vez.
¿HASTA CUÁNDO?
Aquí aparece una pregunta que Taub deja abierta y que quizá sea la más inquietante:
¿Llegará un momento en que este proceso toque fondo y el escándalo vuelva a penalizar al político?
No existe ninguna garantía de que ocurra automáticamente. Los procesos de deterioro democrático pueden prolongarse y los mecanismos institucionales de control pueden debilitarse progresivamente. El informe 2026 de V-Dem, por ejemplo, describe una expansión internacional de procesos de autocratización y subraya la importancia de contrapesos legislativos, judiciales y electorales efectivos para la resiliencia democrática.
Pero desde la Micropolítica podemos formular una hipótesis.
El punto de ruptura puede llegar cuando proteger al transgresor cueste más poder que abandonarlo.
Mientras el político cuestionado conserve votos, cohesione a sus seguidores y ayude a mantener al adversario fuera del poder, su grupo tendrá incentivos para protegerlo. Pero si comienza a provocar derrotas electorales, pérdida de aliados, fracturas internas o rechazo suficiente para amenazar la conservación del poder, la ecuación cambia.
Entonces el mismo dirigente que ayer parecía indispensable puede convertirse rápidamente en prescindible.
El escándalo vuelve a importar. No necesariamente porque repentinamente haya regresado la ética. Puede ser porque ha cambiado el cálculo del poder.
Quizá, por eso, la pregunta que debemos hacernos no sea solamente cuándo volverán los ciudadanos a indignarse ante los escándalos.
Es otra: ¿Cuándo dejará de ser rentable políticamente la impunidad?
Cuando tolerar al transgresor cueste más poder que castigarlo, quizá el escándalo vuelva a cumplir una de sus antiguas funciones: poner límites a quienes ejercen el poder.
*Alfredo Cuéllar: Profesor retirado y autor de Micropolítica: El poder invisible en la vida cotidiana de las organizaciones. Para la preparación de este artículo se utilizó inteligencia artificial como herramienta de investigación, análisis y edición. La responsabilidad de su contenido corresponde al autor.
