María Elena Ríos Ortiz manifestó temor luego que se pospusiera la audiencia que se tenía prevista para este viernes en un tribunal colegiado de Oaxaca que definiría si el empresario Juan Antonio Vera Carrizal recuperaba su libertad
CIUDAD DE MÉXICO.- La saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz denunció que, a casi siete años del ataque con ácido sulfúrico que sufrió en Oaxaca, continúa enfrentando retrasos judiciales, amenazas y presuntos actos de corrupción que podrían derivar en la liberación de su agresor, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal.
El caso, convertido en uno de los expedientes más visibles sobre violencia ácida contra mujeres en México, volvió a colocarse bajo el ojo público ante la audiencia programada para el 22 de mayo de 2026, fecha en la que un tribunal colegiado de Oaxaca debería resolver un recurso que podría definir si Vera Carrizal permanece procesado o queda absuelto, sin embargo, dicha audiencia no se llevó a cabo.
Batalla judicial que se acerca a los siete años
El ataque ocurrió el 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue agredida con ácido sulfúrico en Oaxaca. Desde entonces, ha atravesado varias cirugías reconstructivas, desplazamiento forzado y una larga disputa judicial.
“Llevo casi siete años buscando justicia. He tenido revés tras revés en los tribunales oaxaqueños”, declaró en entrevista para Impressiones mx.
La activista sostiene que existe una “asimetría de poder” frente a Vera Carrizal, a quien describe como un empresario con influencia económica y política en Oaxaca.
De acuerdo a María Elena Ríos, el señalado posee estaciones de gasolina, farmacias y radiodifusoras en distintas regiones del estado. También recordó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigó previamente al empresario por presunto lavado de dinero relacionado con robo de combustible, conocido como huachicol.
Hasta el momento, no existe una sentencia condenatoria definitiva contra Vera Carrizal.
El juez que absolvió a Vera Carrizal
Uno de los momentos más polémicos ocurrió el 14 de agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño absolvió a Vera Carrizal.
María Elena Ríos aseguró que durante las audiencias el juzgador mostró una conducta parcial.
“Me decía: ‘eso no viene en la carpeta’, ‘usted es una mentirosa’, dándole totalmente el lado al agresor”, lamentó.
Afirmó que conoció versiones sobre un presunto soborno de 25 millones de pesos para favorecer al empresario. Esa acusación no ha sido acreditada judicialmente hasta ahora.
Tras la absolución, una jueza frenó temporalmente la boleta de liberación al considerar que podían existir irregularidades en el proceso.
La Suprema Corte rechazó atraer el caso
El expediente llegó momentáneamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que la Fiscalía General de la República solicitara que el máximo tribunal analizara el caso.
El asunto sería discutido el 13 de mayo de 2026. Sin embargo, la Corte no alcanzó la mayoría necesaria para atraerlo.
Ríos afirmó que entiende que pudieron existir “tecnicismos” jurídicos que impidieron la intervención de la Corte, aunque expresó preocupación porque el expediente regresó a tribunales de Oaxaca.
“Mi gran temor es que el agresor tiene la capacidad económica para corromper a los jueces que quieran”.
La audiencia definitiva inicialmente estaba prevista para el 20 de mayo, pero fue aplazada al 22 de mayo de 2026 por cuestiones administrativas, sin embargo, el día de hoy volvió a ser aplazada.
Salidas médicas, privilegios y un año fuera de prisión
La también saxofonista cuestionó la situación médica de Vera Carrizal.
De acuerdo con su versión, el empresario obtuvo autorización judicial para abandonar el reclusorio desde el 2 de diciembre de 2024 con el argumento de recibir atención médica en un hospital privado.
María Elena Ríos señaló que se enteró de esa autorización hasta 17 días después y acusó falta de transparencia de las autoridades.
“¿Qué privilegios puede gozar una persona para salir a un hospital privado como si nada?”
Según explicó, los diagnósticos mencionados públicamente fueron hemorroides y depresión. También sostuvo que peritos de la fiscalía no han podido revisar directamente el estado de salud del imputado.
La activista denunció además que personas cercanas a Vera Carrizal han impedido diligencias médicas mediante actos de intimidación.
“Me acostumbré a vivir violentada”
María Elena Ríos aseguró que vive bajo amenazas permanentes y que incluso ha sufrido atentados pese a contar con medidas de protección federal.
Actualmente reside en la Ciudad de México, donde afirma haberse refugiado tras abandonar Oaxaca por motivos de seguridad.
“Cuando salgo de mi casa regreso a ver a todos lados porque tengo miedo de que alguien me arroje ácido otra vez”.
Impacto nacional de la Ley Malena
El caso de María Elena Ríos originó reformas legislativas sobre violencia ácida en México, conocidas como Ley Malena.
La activista destacó que más de 18 entidades federativas han impulsado modificaciones legales para reconocer y sancionar este tipo de ataques.
“La ley Malena a mí no me va a beneficiar porque las leyes no son retroactivas, pero otras mujeres ya van a tener herramientas que yo no tuve”.
Según datos citados por Ríos, durante 2025 se documentaron 493 casos entre agresiones y amenazas con ácido en México.
Feminicidio, justicia lenta y desgaste emocional
Durante la entrevista, María Elena Ríos insistió en que la violencia institucional forma parte del desgaste que enfrentan las víctimas de feminicidio y tentativa de feminicidio en México.
“Las víctimas no tendríamos por qué hacerla de investigadoras, de periodistas, de abogadas y de peritas”.
Rechazó la idea de que los cambios políticos puedan transformar de inmediato las estructuras judiciales.
“Es imposible que porque una mujer sea presidenta mañana ya no exista corrupción o feminicidios”.
La activista consideró que sí existen avances legislativos importantes, aunque señaló que los casos del fuero común continúan enfrentando rezagos, impunidad y procesos prolongados.
Una audiencia que podría redefinir el caso
La resolución del tribunal colegiado pospuesta este 22 de mayo podría convertirse en uno de los momentos más relevantes del proceso judicial iniciado en 2019.
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Para María Elena Ríos, el riesgo no sólo es jurídico, sino personal.
“Si queda libre, ya no tendría nada que perder”.
A casi siete años del ataque, el caso permanece abierto y continúa siendo observado por organizaciones feministas, colectivas y defensoras de derechos humanos que han acompañado públicamente a la activista durante el proceso.
