Por: Redacción
Legisladores y especialistas advierten una estrategia de centralización de obra pública y el uso de ahorros de los trabajadores ante la falta de inversión y el aumento de la deuda.
Ciudad de México.- Las recientes reformas en materia de infraestructura impulsadas por la mayoría legislativa responden a una crisis de liquidez y a la caída sostenida de la inversión pública en el país. El diputado federal Rubén Moreira Valdez advirtió que la modificación que faculta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para concentrar la obra pública —incluyendo sectores como salud y educación— busca centralizar el control presupuestal ante un panorama económico debilitado.
El legislador señaló que este cambio administrativo se complementa con reformas que permiten licitar proyectos sin contar con suficiencia presupuestal previa. Sin embargo, el punto de mayor fricción radica en la nueva Ley de Infraestructura Estratégica, la cual autoriza el uso de hasta un 30 por ciento de los recursos de las Afores para financiar obras gubernamentales, una cifra que triplica el promedio histórico destinado a inversiones productivas bajo criterios de rentabilidad.
Al respecto, el economista Mario Di Costanzo detalló que actualmente el 52 por ciento de los ahorros de los trabajadores ya financia deuda pública. Con el nuevo marco legal, aproximadamente 8.6 billones de pesos quedan expuestos a proyectos de dudosa viabilidad financiera, lo que pone en riesgo el patrimonio de los ahorradores. El especialista alertó que, bajo la tendencia actual, la deuda nacional podría escalar a los 21.6 billones de pesos para 2027, alcanzando el 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Por su parte, especialistas legales como Miguel Sulub indicaron que estas medidas evidencian un problema estructural en las finanzas del Estado. La búsqueda de recursos mediante el uso de ahorros de vivienda y fondos de retiro sugiere una incapacidad del presupuesto ordinario para sostener los proyectos denominados «del Bienestar», generando incertidumbre en los mercados internacionales y una posible presión sobre las calificaciones crediticias del país.
Finalmente, el bloque opositor advirtió que la centralización en la SICT dificultará la fiscalización del gasto y eliminará la autonomía operativa de otras dependencias. Este esquema, según los analistas, proyecta un escenario de mayores presiones inflacionarias y complicaciones en el mercado laboral, derivado de un modelo económico que privilegia el control gubernamental sobre la eficiencia financiera y la transparencia.
