En Síntesis
por Dr. Alfredo Cuéllar
Para Trump, la justicia rara vez ha sido una institución neutral.
Ha sido un arma que alguien utiliza contra alguien más.
Una investigación que revela más de lo que parece
Una investigación de The New York Times, publicada hoy 18 de julio del 2026, examinó los procesos federales en los que ciudadanos fueron acusados de agredir a agentes encargados de aplicar la política migratoria del gobierno de Donald Trump.
La administración presentó más de 550 procesos penales. De aproximadamente 400 casos que ya habían concluido, 214 terminaron con la absolución de los acusados o con el retiro de los cargos.
Más de la mitad.
El dato es extraordinario, pero debe interpretarse con cuidado. Un cargo retirado no demuestra automáticamente que el agente haya mentido, ni que el acusado sea necesariamente inocente. Los procesos pueden fracasar por falta de pruebas, errores procesales, indisponibilidad de testigos o decisiones discrecionales de los fiscales.
Pero la investigación del Times no se limitó a contar expedientes cerrados. Examinó documentos judiciales, videos, testimonios y entrevistas. En varios casos, las imágenes mostraron que los agentes habían iniciado el uso de la fuerza mediante empujones, derribos o gas pimienta. Algunas lesiones atribuidas a los acusados parecían haber sido consecuencia de las propias acciones de los agentes.
Más grave todavía: dos jueces determinaron que agentes federales destruyeron deliberadamente evidencia.
Ya no estamos únicamente frente a posibles errores administrativos. Estamos ante una pregunta sobre la cultura institucional desde la cual se aplica la ley.
El primer poder: definir lo que ocurrió
En cualquier enfrentamiento entre un ciudadano y un agente federal existe una desigualdad inicial.
El agente posee uniforme, autoridad, respaldo institucional y capacidad para redactar la primera versión. El ciudadano puede estar detenido, herido, desorientado o sin representación jurídica inmediata.
La versión oficial llega primero.
El comunicado de la agencia define al agresor y a la víctima. El fiscal transforma esa narración en una acusación. La administración incorpora el caso a sus estadísticas. Los funcionarios citan esas cifras para demostrar que sus agentes enfrentan una ola de violencia.
Meses después, un video puede revelar algo distinto. Un juez puede rechazar la acusación. Los fiscales pueden retirar los cargos. Pero para entonces la primera versión ya cumplió una función política.
Sirvió para justificar la fuerza.
Sirvió para endurecer los operativos.
Sirvió para presentar a los críticos de la política migratoria como amenazas.
Sirvió para convencer a una parte de la sociedad de que cualquier resistencia frente a ICE constituye una agresión contra el Estado.
La acusación puede fracasar jurídicamente y, sin embargo, haber triunfado políticamente.
No se trata solamente de ICE
Sería cómodo reducir el reportaje a una investigación sobre una agencia que cometió excesos.
Pero el problema es más profundo.
El caso de ICE forma parte de un rompecabezas mayor: la relación de Donald Trump con la justicia, primero como empresario y ciudadano, y después como presidente de Estados Unidos.
Durante gran parte de su vida, Trump concibió la ley como un campo de batalla. Cuando una investigación lo alcanzaba, se presentaba como víctima de una persecución. Cuando un fiscal actuaba en su contra, lo convertía en enemigo. Cuando un juez no aceptaba sus argumentos, cuestionaba su imparcialidad. Cuando la prensa publicaba información incómoda, denunciaba una conspiración.
Para Trump, la justicia rara vez ha sido una institución neutral. Ha sido un arma que alguien utiliza contra alguien más.
Antes de llegar al poder, él afirmaba defenderse de ese aparato. Ahora, desde la presidencia, dispone de él.
La percepción permanece; lo que cambia es su posición dentro de la relación.
El presidente no necesita dar la orden
Algunos exigirán una prueba imposible: una llamada telefónica, un memorando o una orden firmada por Trump instruyendo a un agente para que exagere una acusación determinada.
Pero ningún presidente puede dirigir personalmente miles de operaciones. Tampoco necesita hacerlo.
El poder presidencial se ejerce mediante señales:
a quién se nombra;
a quién se despide;
a quién se protege;
a quién se abandona;
qué conducta se premia;
qué exceso se tolera;
qué funcionario recibe elogios;
qué juez es atacado;
qué fiscal es desacreditado;
qué resultado se presenta públicamente como éxito.
Cada nombramiento comunica una preferencia.
Cada destitución comunica una amenaza.
Cada premio establece una conducta deseable.
Cada exceso no sancionado amplía el límite de lo permitido.
Los subordinados observan y aprenden. No esperan instrucciones explícitas. Anticipan los deseos del líder, interpretan sus prioridades y calculan qué conducta fortalecerá su posición dentro del gobierno.
Ésta es la obediencia anticipatoria: actuar no porque se haya recibido una orden directa, sino porque la cultura institucional ha enseñado lo que el poder espera.
Cuando la personalidad se convierte en cultura
Una organización adquiere la personalidad de su liderazgo no porque todos sus integrantes piensen igual, sino porque aprenden cuáles comportamientos producen recompensas y cuáles provocan castigos.
Si la lealtad personal importa más que la competencia profesional, los funcionarios independientes comienzan a desaparecer.
Si cuestionar al presidente se interpreta como traición, la deliberación interna se debilita.
Si las cifras de arrestos constituyen la medida principal del éxito, aumenta el incentivo para detener primero y examinar después.
Si reconocer un error se considera debilidad, las agencias aprenden a proteger su primera versión aun cuando la evidencia la contradiga.
Si el adversario político es presentado como enemigo del país, la aplicación de la ley puede convertirse gradualmente en una forma de confrontación política.
No es necesario que todos los agentes compartan la visión del presidente. Basta con que quienes desean ascender comprendan qué espera el sistema de ellos.
Así, una percepción personal del poder se transforma en una cultura operativa.
El gobierno de Estados Unidos o “mi” gobierno
En una república constitucional, el presidente no es dueño del gobierno. Lo administra temporalmente.
Las agencias no le pertenecen.
Los fiscales no son sus abogados personales.
Los jueces no son sus subordinados.
La policía no existe para castigar a sus críticos.
El presidente recibe autoridad limitada para servir a una estructura pública que existía antes de él y continuará después de su mandato.
La concepción patrimonial del poder invierte esa relación. El gobernante empieza a considerar que el Estado es una prolongación de su voluntad. La lealtad al país se confunde con la lealtad a su persona. Los controles se interpretan como obstrucciones. La independencia se convierte en insubordinación. La crítica se transforma en enemistad.
El problema de Trump no consiste únicamente en que quiera gobernar con firmeza. Consiste en que con frecuencia parece entender el gobierno como “su” gobierno y no como el gobierno de Estados Unidos que temporalmente le corresponde administrar.
La micropolítica de la primera versión
Desde la Micropolítica, el poder no reside solamente en los cargos, las armas o los reglamentos. También se encuentra en la capacidad de imponer una interpretación a todo lo anterior.
Quien define primero lo ocurrido obtiene una ventaja.
Quien controla el expediente controla parte de la memoria.
Quien produce las estadísticas influye en la percepción social.
Quien decide qué conducta merece castigo establece los límites de la normalidad.
En los casos investigados por el Times, ICE y otras autoridades federales poseían el poder formal. Sin embargo, aparecieron otros poderes capaces de disputar su versión: videos, testigos, abogados defensores, periodistas, fiscales que revisaron las pruebas y jueces dispuestos a confrontar al gobierno.
Estos actores formaron, consciente o inconscientemente, una coalición correctiva.
La cámara de un teléfono se convirtió en contrapeso.
El expediente conservado se convirtió en memoria institucional.
El juez independiente se convirtió en límite.
El periodismo se convirtió en una forma de poder democrático.
No todo puede atribuirse a Trump
Sería intelectualmente irresponsable afirmar que cada acusación deficiente, cada abuso o cada error cometido por un agente federal fue causado directamente por Donald Trump.
Las organizaciones también producen incompetencia, rivalidades internas, ambición individual, errores operativos y prácticas heredadas de administraciones anteriores.
Una cultura presidencial puede explicar un patrón sin explicar por sí sola cada caso particular.
Por eso, la crítica seria debe reconstruir la cadena completa: señales del líder → incentivos institucionales → conducta de los subordinados → patrón de resultados.
En el caso de la administración Trump, existen señales que merecen examinarse: selección de funcionarios, destitución de quienes contradicen al presidente, ataques contra jueces, presión sobre fiscales, protección de aliados y utilización del lenguaje oficial para convertir críticos en enemigos.
Pero la responsabilidad de un editorialista no consiste en acomodar cada noticia dentro de una conclusión previamente decidida. Consiste en establecer qué demuestra la evidencia, qué permite inferir y qué todavía no puede afirmarse.
La crítica sin fanatismo
Estoy convencido de que Donald Trump ha sido un mal presidente. Precisamente por eso debo vigilar mis propios prejuicios.
Una investigación que coincide con mi opinión no se vuelve verdadera por coincidir conmigo. Una acusación contra Trump no debe celebrarse antes de ser examinada. Y un dato que contradice mi posición no puede descartarse simplemente porque resulte incómodo.
El fanatismo comienza cuando la conclusión deja de depender de la evidencia.
La credibilidad exige lo contrario: someter incluso nuestras convicciones más firmes a la razón, reconocer explicaciones alternativas y graduar cada afirmación según la fuerza de las pruebas.
Esto no debilita la crítica. La fortalece.
El reportaje del New York Times no demuestra que Trump haya dirigido personalmente los procesos examinados.
Tampoco necesita demostrarlo para ser importante. Su aportación consiste en revelar un posible patrón institucional y proporcionar evidencia para estudiar cómo una cultura presidencial puede descender hacia las agencias encargadas de aplicar la ley.
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Trump no tiene que dejar sus huellas en cada expediente.
Pero si queremos atribuirle responsablemente la cultura que puede producirlos, debemos seguir las señales: nombramientos, discursos, premios, castigos, destituciones, tolerancias y resultados.
La Micropolítica estudia precisamente esas fuerzas invisibles.
No para sustituir la evidencia con sospechas.
Sino para comprender cómo el poder se convierte en cultura y cómo la cultura, silenciosamente, termina actuando en nombre del poder.
SOBRE EL AUTOR: El Dr. Alfredo Cuéllar es profesor universitario jubilado, consultor internacional, conferencista, escritor y columnista. Fue profesor de California State University, Fresno, e investigador y profesor en Harvard Graduate School of Education. Es creador de la disciplina denominada Micropolítica: El Ejercicio del Poder, resultado de varias décadas de investigación sobre las organizaciones, el liderazgo y la toma de decisiones.
NOTA SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Para la preparación de sus artículos, el autor utiliza ChatGPT como asistente intelectual y editorial: para organizar información, contrastar argumentos, localizar debilidades en el razonamiento, plantear explicaciones alternativas y revisar claridad y estructura. Las ideas centrales, la interpretación micropolítica, los juicios y la responsabilidad final del texto corresponden al autor.
El propósito de esta colaboración no es sustituir el pensamiento humano, sino someterlo a un diálogo crítico que reduzca prejuicios, fortalezca la evidencia y mejore la calidad de la argumentación.
