La violencia persiste, pero expertos alertan sobre amenazas menos visibles que afectan tanto a periodistas como al derecho ciudadano a estar informado
Ciudad de México.- México conmemora este 7 de junio el Día de la Libertad de Expresión en medio de agresiones contra periodistas, acoso judicial y nuevas formas de presión digital. Organizaciones especializadas en defensa a la prensa advierten que los riesgos para informar no desaparecieron; simplemente han cambiado de forma y alcance.
La fecha suele estar asociada a discursos oficiales, reconocimientos y mensajes sobre la importancia de la prensa, sin embargo, detrás de la conmemoración, ¿qué tan libre es realmente la expresión en México en 2026?
La respuesta no puede reducirse a una ceremonia o a una efeméride pues los datos muestran una realidad más complicada.
La libertad de expresión no solo protege a periodistas
Cuando se habla de libertad de expresión, la discusión suele centrarse en reporteros, medios de comunicación y comunicadores. Pero el alcance del derecho es mucho más amplio.
Los artículos 6 y 7 de la Constitución mexicana protegen tanto la libertad para difundir ideas como el derecho de la sociedad a recibir información.
Cuando un periodista es censurado, amenazado o silenciado, el problema no recae únicamente sobre quien investiga una historia.
También afecta a las personas que dependen de esa información para tomar decisiones, exigir cuentas a las autoridades o participar en asuntos públicos.
La libertad de expresión es, en esencia, una condición para el funcionamiento de cualquier democracia.
La violencia sigue presente, pero ya no es la única amenaza
Durante años, el tema sobre libertad de expresión estuvo asociado principalmente a asesinatos, desapariciones y ataques físicos contra periodistas.
Esos riesgos siguen existiendo.
Sin embargo, organizaciones especializadas advierten que el fenómeno ha evolucionado.
De acuerdo con el informe más reciente de Artículo 19, durante 2025 se documentaron 451 agresiones contra periodistas, además de siete asesinatos y una desaparición relacionada con el ejercicio periodístico.
Las cifras reflejan una agresión aproximadamente cada 19 horas.
Pero el dato que más llamó la atención de los especialistas fue que, la organización registró 153 casos de acoso judicial, la cifra más alta de este tipo desde que existen registros.
Esto muestra una transformación relevante.
En algunos casos, la presión ya no busca silenciar a través de la violencia física, sino a través de procesos legales, demandas, intimidación institucional o desgaste económico.
Cuando informar implica enfrentar tribunales
El acoso judicial se ha convertido en uno de los mecanismos más discutidos por organizaciones de defensa de la prensa.
La estrategia suele consistir en utilizar recursos legales para obstaculizar investigaciones, presionar a periodistas o elevar los costos de publicar información de interés público.
“La violencia contra la prensa no solo es mediante ataques físicos. También se da cuando intentan inhibir el trabajo periodístico a través de procesos judiciales o mecanismos de presión institucional”, ha señalado Artículo 19 en sus informes sobre libertad de expresión.
Aunque los litigios forman parte de cualquier sistema democrático, especialistas advierten que usarlo de manera abusiva puede convertirse en una forma indirecta de censura.
Las redes sociales ampliaron la voz, pero también los riesgos
Internet transformó la forma en que circula la información.
Hoy cualquier persona puede documentar acontecimientos, denunciar irregularidades o difundir contenido a una escala impensable hace dos décadas.
Sin embargo, la expansión de las plataformas digitales también abrió nuevas fuentes de conflicto.
Periodistas, académicos y organizaciones han documentado campañas de hostigamiento, ataques coordinados, desinformación y agresiones dirigidas a desacreditar voces críticas.
La discusión sobre libertad de expresión ya no pasa únicamente en redacciones o conferencias de prensa.
También se desarrolla en algoritmos, plataformas digitales y espacios virtuales donde las reglas siguen evolucionando.
Las personas también son parte de la discusión
Existe una percepción equivocada que limita la discusión a los profesionales de la información.
La libertad de expresión afecta directamente a cualquier persona que busque información confiable.
Cuando disminuye la transparencia, aumenta la opacidad.
Cuando se restringe el acceso a datos públicos, se debilita la capacidad ciudadana para supervisar decisiones gubernamentales.
Y cuando la información verificada pierde espacio frente a campañas de desinformación, el costo lo paga toda la sociedad.
Por eso los especialistas consideran que la defensa de este derecho traspasa los intereses de los medios de comunicación.
¿Quién amenaza hoy más a la prensa?
Según registros de organizaciones especializadas, parte significativa de las agresiones documentadas proviene de personas vinculados al poder público.
El dato reta a la percepción ampliamente extendida que atribuye los riesgos para la prensa exclusivamente a grupos criminales.
Los especialistas sostienen que la protección de la libertad de expresión requiere analizar todas las fuentes de presión, independientemente de su origen.
La discusión no gira únicamente en torno a quién agrede, sino a la capacidad institucional para prevenir, investigar y sancionar esas conductas.
Las soluciones que intentan cambiar el escenario
El diagnóstico suele ocupar los titulares.
Las respuestas reciben menos atención.
Sin embargo, distintos sectores han comenzado a desarrollar mecanismos para enfrentar los riesgos.
Redes de colaboración periodística
Cada vez más investigaciones se realizan de forma conjunta entre medios y periodistas.
Este modelo distribuye riesgos y dificulta que una investigación desaparezca a través de presiones dirigidas a una sola persona o redacción.
Capacitación en seguridad digital
Ante ello, universidades, organizaciones civiles y colectivos especializados han impulsado programas de protección para periodistas.
El objetivo es fortalecer herramientas de seguridad informática, protección de fuentes y resguardo de información sensible.
Defensa jurídica especializada
Organizaciones nacionales e internacionales han ampliado el acompañamiento legal para comunicadores que enfrentan litigios relacionados con su trabajo.
Los especialistas consideran que la protección judicial seguirá siendo una pieza elemental para garantizar la libertad de expresión en el entorno digital.
Verificación y colaboración ciudadana
El combate a la desinformación también se ha convertido en una estrategia para fortalecer el ecosistema informativo.
Diversos proyectos de verificación buscan mejorar la calidad del debate público a través de la revisión sistemática de datos y declaraciones.
El reto va más allá del periodismo
Cada 7 de junio México se recuerda la importancia de la libertad de expresión.
Pero la fecha también funciona como un recordatorio de los retos pendientes.
Las amenazas que enfrentan los periodistas siguen siendo una preocupación documentada.
Al mismo tiempo, han surgido mecanismos menos visibles que pueden afectar la circulación de información, la transparencia y el debate público.
La pregunta central ya no es únicamente si existe libertad para hablar.
La discusión de fondo consiste en determinar si existen las condiciones necesarias para informar, investigar y acceder a información confiable sin presiones indebidas.
En esa respuesta se juega mucho más que el futuro del periodismo. También se define la calidad de la vida democrática.
