El legislador señaló que más de mil 700 personas padecen enfermedad renal en el municipio de Hidalgo
Ciudad de México.- El diputado federal José Luis Téllez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), advirtió sobre una presunta crisis ambiental y sanitaria en la región oriente de Michoacán, donde, aseguró, se ha detectado una alta incidencia de enfermedad renal crónica de etiología no determinada, particularmente entre personas jóvenes y comunidades indígenas.
Piden investigar posible relación con factores ambientales
Durante una reunión de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el legislador señaló que este padecimiento afecta principalmente a personas menores de 40 años, sin antecedentes hereditarios ni enfermedades crónicas previas.
De acuerdo con su exposición, una de las hipótesis es que los casos podrían estar relacionados con la exposición a agentes tóxicos presentes en el medio ambiente, como metales pesados, pesticidas, residuos industriales, medicamentos o micotoxinas. Hasta el momento, el legislador planteó esta posibilidad y solicitó que las investigaciones permitan determinar las causas, sin afirmar que exista una relación comprobada.
Comunidades cercanas a Los Azufres concentran los casos
Téllez Marín indicó que la mayor incidencia se registra en municipios cercanos a la planta geotérmica Los Azufres, donde comunidades indígenas como San Pedro Jacuaro, San Isidro Altahuerta y San Matías reportan numerosos casos y fallecimientos asociados a enfermedades renales.
Asimismo, afirmó que únicamente en el municipio de Hidalgo se contabilizan más de mil 700 personas con enfermedad renal, en su mayoría de familias de escasos recursos.
Ante este panorama, solicitó a la Comisión de Medio Ambiente dar seguimiento a las investigaciones para esclarecer las causas del problema y, en su caso, identificar a los responsables de una eventual afectación ambiental.
Buscan fortalecer derechos ambientales de pueblos indígenas
Durante la misma reunión, el diputado propuso que la Comisión emita una opinión en el proceso de consulta para la elaboración de la Ley General de Derechos de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, con el propósito de que las comunidades originarias sean reconocidas como garantes de la conservación, protección y restauración de la biodiversidad.
La propuesta también plantea fortalecer la participación de los pueblos indígenas en el diseño de políticas públicas ambientales y garantizar mecanismos de reparación del daño cuando existan afectaciones graves a los ecosistemas y recursos naturales bajo su resguardo.
Te puede interesar: PAN pide repetir examen de admisión de la UNAM
