El Congreso de la Ciudad de México emitió un exhorto al Instituto para el Envejecimiento Digno (INED) para que fortalezca la canalización de casos de despojo patrimonial de personas mayores hacia la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX).

Asimismo, se solicitó un informe detallado sobre la situación de este delito en dicho grupo poblacional.

El llamado también se dirigió a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales para evaluar la implementación de un programa especial de regularización y escrituración del patrimonio destinado a personas mayores de 60 años.

Contexto y estadísticas alarmantes
El diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) destacó que en 2023, las personas mayores de 60 años representaron el 14.7 % de la población nacional. La Ciudad de México ocupa el segundo lugar en este rubro, con aproximadamente un millón 491 mil 619 personas. Según la CONAPO, esta cifra podría aumentar a casi dos millones para 2025.

El legislador subrayó que el despojo patrimonial es el delito más común enfrentado por este sector, representando el 26 % de las solicitudes de apoyo registradas por el Consejo Ciudadano desde 2018. Los principales perpetradores suelen ser personas cercanas a las víctimas, como familiares, vecinos y cuidadores, aprovechándose de su fragilidad y afecto.

Obstáculos para denunciar
Trejo Pérez resaltó los desafíos que enfrentan las personas mayores para denunciar estos abusos, incluidos problemas de movilidad, vínculos emocionales con los agresores y el miedo a represalias. A pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno local, enfatizó la necesidad de fortalecer las políticas públicas que protejan su patrimonio.

Acciones requeridas
El Congreso enfatizó la importancia de redoblar esfuerzos para garantizar justicia a las personas mayores y brindarles herramientas legales que protejan sus bienes. La inclusión de programas específicos para la regularización de propiedades busca reducir la vulnerabilidad de este sector frente a los abusos.