Por: Redacción
La LXII Legislatura aprobó un directorio voluntario, acceso a servicios de salud y protocolos de seguridad para fortalecer el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.
Toluca.- El Congreso del Estado de México aprobó una serie de reformas para fortalecer los mecanismos de protección, prevención y apoyo destinados a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entre las medidas destacan la creación de un directorio voluntario y la implementación de protocolos de intervención en casos de emergencia. Estas acciones buscan garantizar condiciones jurídicas y materiales que aseguren un ejercicio libre, independiente y seguro, libre de injerencias externas.
La LXII Legislatura, bajo la presidencia de la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, validó que este listado funcione como un instrumento preventivo para agilizar la comunicación institucional sin que sea una condición obligatoria para acceder a medidas de protección integral. Asimismo, el decreto establece que el Estado deberá implementar mejores prácticas para la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo comunidades indígenas, afromexicanas y personas de la diversidad sexual.
En el ámbito de la seguridad social, las reformas amplían la protección mediante el acceso a programas sociales, servicios de salud, capacitación profesional y apoyos para gastos funerarios. Respecto a la prestación médica, se precisó que este beneficio gubernamental no exime a las empresas de comunicación de su responsabilidad legal de otorgar seguridad social a sus empleados, manteniendo la obligación patronal vigente.
Para mejorar la operatividad del sistema, el Consejo Consultivo del mecanismo de protección se reducirá de 13 a nueve integrantes, integrando criterios de paridad de género y representación regional equilibrada. Además, se incorporó al marco legal el uso voluntario de vestimenta e instrumentos de identificación preventiva, asegurando que estos elementos no vulneren la privacidad ni generen riesgos adicionales para quienes ejercen la labor informativa o de defensa.
Finalmente, las autoridades estatales y municipales quedan obligadas a publicar y actualizar protocolos de interacción de las fuerzas de seguridad con este gremio. Los recursos destinados a la operación de este mecanismo se aplicarán exclusivamente en la ejecución de medidas preventivas y de protección urgente, consolidando un fondo estatal especializado para salvaguardar la integridad de quienes trabajan en beneficio del derecho a la información.
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