Por: Redacción
Propuesta de reforma constitucional busca garantizar indemnizaciones automáticas por averías causadas por baches, socavones y falta de mantenimiento en calles y avenidas.
Ciudad de México.- Con el objetivo de terminar con la «normalización del daño ciudadano», se presentó ante la Cámara de Diputados una iniciativa para reformar el artículo 109 de la Constitución Política, estableciendo la obligación constitucional de los entes públicos de indemnizar a quienes sufran daños patrimoniales por deficiencias en la infraestructura vial. La propuesta, impulsada por el diputado Armando Corona Arvizu, busca que el Estado asuma la responsabilidad económica por averías mecánicas o accidentes derivados de baches, socavones y coladeras sin tapa.
El proyecto legislativo subraya que el mantenimiento de las vialidades es un servicio público esencial que impacta directamente en la economía familiar. Actualmente, la mayoría de los ciudadanos asumen los costos de rines doblados, suspensiones dañadas o llantas destruidas como «gastos inevitables», cuando en realidad son consecuencia de una omisión administrativa. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, los baches son el problema que más preocupa a la población, señalados por más del 80 por ciento de los ciudadanos.
La iniciativa advierte que existe una «inequidad silenciosa», donde el costo de la infraestructura deficiente se traslada al bolsillo del trabajador, mientras la responsabilidad institucional permanece difusa. La falta de mecanismos claros y la complejidad de los procesos de reclamación actuales desalientan a los afectados, quienes prefieren pagar las reparaciones por su cuenta antes que enfrentar trámites burocráticos que perciben como costosos y lentos.
Además de la afectación económica, la reforma pone énfasis en la seguridad vial. El mantenimiento deficiente no es solo un problema estético o mecánico, sino un factor concurrente en hechos de tránsito que ponen en riesgo la vida. Al elevar esta obligación a rango constitucional, se pretende incentivar una política de mantenimiento preventivo y no solo correctivo, obligando a las autoridades a modernizar su administración pública y garantizar trayectos seguros.
De aprobarse, esta reforma transformaría la relación entre ciudadanos y autoridades, estableciendo un mecanismo de justicia administrativa que protege el patrimonio de quienes dependen de sus vehículos para el trabajo, la educación y el comercio. El legislador mexiquense enfatizó que no se trata de generar conflictos, sino de fortalecer una cultura de responsabilidad pública donde el Estado garantice servicios de calidad y eficiencia.
