Por: Redacción
Impulsa una reforma integral para que cualquier cambio en monumentos de la CDMX requiera un dictamen obligatorio de un órgano ciudadano, plural y con paridad de género.
Ciudad de México.- Con el objetivo de transitar de decisiones verticales a procesos democráticos en el diseño de la ciudad, la diputada Diana Sánchez Barrios, coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, presentó una iniciativa para blindar el patrimonio cultural contra actos de «dominación simbólica». La propuesta busca reformar las Leyes Orgánicas del Poder Ejecutivo, de las Alcaldías y del Congreso local para establecer que ningún monumento u obra artística en el espacio público pueda ser retirado, movido o instalado sin el dictamen previo y obligatorio de un órgano colegiado con participación ciudadana real.
La iniciativa surge como respuesta directa a incidentes recientes de unilateralidad administrativa, como el retiro de las esculturas de Fidel Castro y Ernesto “Che” Guevara en la colonia Tabacalera por parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Sánchez Barrios calificó estos actos no como meras acciones administrativas, sino como un ejercicio de poder sobre la memoria colectiva. «En democracia, la memoria no se borra por decreto; se discute y se resignifica colectivamente», enfatizó la legisladora al subrayar que el espacio público no debe utilizarse como un instrumento ideológico para borrar lo que incomoda a la autoridad en turno.
El eje central de la reforma es la creación de un contrapeso institucional donde la ciudadanía tenga voz y voto. Se propone facultar al Congreso de la Ciudad de México para que, mediante convocatoria pública, designe a los representantes vecinales y de comunidades históricamente excluidas que integrarán estos órganos colegiados. Este mecanismo garantiza que las decisiones sobre el paisaje urbano cuenten con paridad de género y reflejen la pluralidad de una ciudad que, según la representante, pertenece a la gente y no a quien ostenta el poder temporalmente.
Desde una perspectiva sociológica, la legisladora argumentó que el control del espacio físico implica también el control de la narrativa y los símbolos sociales. Al imponer un diálogo previo a la ejecución de obras o remociones, la iniciativa busca sustituir la imposición por la deliberación. Sánchez Barrios dejó en claro que su propuesta no defiende estatuas en particular, sino el derecho fundamental de los habitantes de la CDMX a decidir sobre su entorno y a que el Estado garantice procesos transparentes que eviten el autoritarismo cultural.
Finalmente, la reforma plantea una armonización jurídica necesaria para dotar de facultades expresas a la Comisión de Derechos Culturales del Congreso. Con esto, se busca institucionalizar mecanismos democráticos que aseguren que cualquier intervención en el patrimonio cultural sea el resultado de acuerdos colectivos. «Gobernar no es imponer una visión, sino construir acuerdos en una ciudad profundamente plural», concluyó la diputada ante el pleno.
