La iniciativa de Movimiento Ciudadano busca que las autoridades activen protocolos de investigación automáticos cuando una niña de ese rango de edad esté embarazada, al presumir violencia sexual.
Ciudad de México.— La senadora Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, presentó una iniciativa para incorporar en la legislación el concepto de “embarazo infantil forzado”, con el fin de que las autoridades cuenten con una base legal para activar protocolos de protección y establecer responsabilidades específicas por la violencia sexual cometida contra niñas.
La propuesta plantea definir el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual.
El vacío legal y la cifra
Barrales Magdaleno señaló que en México, cuando una niña de entre 10 y 14 años se embaraza, no existe un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan, omisión que tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), durante 2025 siete mil 887 niñas en dicho rango de edad se convirtieron en madres, lo que equivale a un promedio de 22 nacimientos diarios.
“No puede entenderse como una decisión propia”
La legisladora advirtió que el embarazo de estas menores “de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia o una decisión consentida”, porque por su edad y desarrollo están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual, por lo que necesitan una respuesta inmediata de las instituciones.
Recordó casos recientes: en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, una niña de 10 años llegó a un hospital con un parto prematuro y complicaciones graves; en Matamoros, Tamaulipas, atendieron a una niña de 11 años con cinco meses de embarazo producto de violencia sexual. También mencionó matrimonios infantiles en el Estado de México: en El Oro, una niña de 12 años con un hombre de 65; en Texcoco, una niña de 10 años con un hombre de 32.
Las obligaciones que propone
La iniciativa establece que las instituciones de salud, educativas y de asistencia social tendrán la obligación de notificar de inmediato a la Fiscalía y a la Procuraduría de Protección cuando tengan conocimiento de un caso, para activar automáticamente la investigación.
Asimismo, plantea garantizar a las niñas atención integral especializada, que incluya servicios médicos y psicológicos, acompañamiento jurídico gratuito, continuidad educativa y protección contra la revictimización, sin que la responsabilidad de iniciar las acciones recaiga en ellas o en sus familias.
El plazo para tipificar el delito
Mediante un artículo transitorio, la senadora propuso un plazo de 180 días para que el Congreso de la Unión y los congresos de las entidades federativas tipifiquen el delito de embarazo infantil forzado.
“La definición del embarazo infantil forzado es indispensable, porque sin un supuesto jurídico que lo nombre, las autoridades carecen de la base legal para activar protocolos y exigir responsabilidades”, concluyó.
Siguiente paso
La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia; y de Estudios Legislativos Segunda para su análisis y dictamen correspondiente.
Te puede interesar: Buscan blindar servicios de salud mental en línea contra fraudes
