Raúl Bolaños-Cacho sostuvo que las expresiones de legisladores en sus cuentas oficiales deben analizarse bajo la protección legislativa. Evitó acusar al INE de censura antes de revisar su resolución.
CIUDAD DE MÉXICO.— La inmunidad legislativa debe discutirse también en las redes sociales oficiales de diputados y senadores, comentó Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Cámara de Diputados, tras la orden del INE de retirar o modificar publicaciones del PRI y algunos de sus legisladores.
Bolaños-Cacho sostuvo que, cuando un legislador utiliza sus cuentas oficiales para expresarse en el ejercicio de su cargo, debe garantizarse su libertad de expresión.
“Si las publicaciones que hicieron los dos diputados que mencionamos fueron en su carácter de legisladores en sus redes oficiales, se debe de respetar la libertad de expresión de ellos desde mi punto de vista”, declaró este martes en San Lázaro.
El legislador del PVEM evitó, sin embargo, acusar al Instituto Nacional Electoral de censura o de haber excedido sus facultades. Dijo que primero revisará la resolución antes de fijar una posición.
“No puedo descalificarlo hasta en tanto no vea yo la resolución”, respondió cuando se le preguntó directamente si la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto se había extralimitado.
Bolaños-Cacho informó que minutos antes había hablado con el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, y ambos acordaron revisar más tarde la resolución del organismo electoral.
Qué resolvió el INE
La discusión surgió después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE analizó dos solicitudes de medidas cautelares presentadas por Morena contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno; el propio partido, legisladores, dirigentes y otras personas relacionadas con esa fuerza política.
El caso involucra publicaciones en las que se utilizaron expresiones para relacionar a Morena con el crimen organizado.
En algunos casos, la Comisión consideró de manera preliminar que las publicaciones podrían constituir la imputación de hechos o delitos falsos, al no encontrar elementos que acreditaran esas afirmaciones, por lo que ordenó eliminarlas o modificar las expresiones señaladas.
La resolución, sin embargo, no fue igual para todas las publicaciones.
El propio INE declaró improcedentes medidas cautelares sobre algunos mensajes porque consideró que podrían estar amparados por el principio de inviolabilidad legislativa.
Ese punto fue detonador para la discusión sobre el alcance de la protección constitucional cuando una opinión de un legislador sale de la tribuna y llega a una red social.
¿Qué protege la Constitución?
El artículo 61 de la Constitución establece que los legisladores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y que no podrán ser reconvenidas por ellas.
Bolaños-Cacho sostuvo que esa protección va más allá del llamado fuero y consideró necesario distinguir entre la inmunidad procesal y los posibles abusos de esa figura.
A su juicio, un legislador no deja necesariamente de actuar como tal cuando sale del recinto y utiliza una cuenta oficial para pronunciarse sobre asuntos públicos.
“Es como si yo salgo de esta Cámara de Diputados en la noche y publico una publicación en mi Facebook o en mi X y digo, ¿lo estaba haciendo a carácter personal? Pues no, hoy represento a una institución”, explicó.
La declaración no resuelve jurídicamente hasta dónde llega la inviolabilidad legislativa en las redes sociales. El propio presidente de la Cámara reconoció que se requiere un análisis más profundo.
Cuando se le preguntó si estaría dispuesto a abrir esa discusión, respondió, “me encantaría hacerlo”.
Libertad de expresión, pero sin anticipar conclusiones
Bolaños-Cacho insistió en que las redes sociales son espacios donde debe garantizarse la libertad de expresión, aunque también pidió elevar el nivel del debate político y evitar los insultos.
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Reconoció que existe una discusión sobre los límites entre libertad de expresión y otras conductas, pero evitó fijar una conclusión inmediata.
Como presidente de la Cámara, agregó, le corresponde velar por la garantía constitucional que permite a las y los legisladores expresar sus opiniones en el desempeño de sus funciones.
