Diego Sebastián «N» y Gerardo «N» fueron detenidos por el asesinato del tecladista de Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija y una empleada. La Fiscalía mexiquense reveló que buscaban una «caja fría» con criptomonedas.
Toluca, Estado de México. — El multihomicidio ocurrido en un departamento de Atizapán de Zaragoza, donde fueron asesinados el tecladista de la banda Camilo Séptimo, su esposa embarazada, su hija de tres años y una empleada doméstica, fue perpetrado con el objetivo de apoderarse de una presunta fortuna en criptomonedas, de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).
Diego Sebastián «N» y Gerardo «N» fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Tlalnepantla (Barrientos) tras cumplimentarles órdenes de aprehensión por su probable participación en los delitos de homicidio calificado, interrupción del embarazo y crueldad a los seres sintientes. La autoridad judicial fijó las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre para la audiencia inicial de formulación de imputación.
Según las investigaciones, los presuntos responsables suponían que las víctimas poseían una importante cantidad de dinero en criptomonedas. El objetivo habría sido localizar en el domicilio «una caja fría con cantidades millonarias de dólares en Bitcoins». Una vez obtenido el supuesto botín, Diego Sebastián «N» le habría ofrecido a Gerardo «N» 2 millones de pesos «por la ayuda».
Diego Sebastián «N» es de nacionalidad argentina y era socio de negocios de Jonathan Meléndez en esquemas de renta de inmuebles y turismo. La Fiscalía precisó que, por su condición de múltiple nacionalidad y situación económica, era «altamente susceptible de abandonar el país para evadir la acción de la justicia».
Los hechos ocurrieron el miércoles 2 de septiembre en el fraccionamiento Grand Viure, en Atizapán de Zaragoza. A las 00:40 horas, la policía municipal notificó a la Fiscalía el hallazgo de cuatro personas sin vida al interior del domicilio. Los cuerpos fueron localizados con impactos de arma de fuego en la cabeza, amordazados y maniatados con cinta adhesiva industrial.
En la recámara principal fue hallado Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, sobre un sofá. En el baño de la misma habitación, su esposa Ana Paula García Bielma, de 35 años y con cuatro meses de gestación, también amordazada y maniatada; sobre sus piernas, su hija de tres años. En el primer nivel, en una cama, fue localizada Aleyda Romero Vázquez, de 21 años, empleada doméstica. En un baño, la perra de la familia, una Golden Retriever, con el hocico envuelto en cinta y un disparo en la cabeza.
El ataque fue preparado con anticipación. Desde el 31 de agosto y durante la mañana del 2 de septiembre, Diego Sebastián «N» habría instruido a Gerardo «N» para conseguir «un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas». Estos objetos guardan correspondencia con los utilizados para maniatar a las víctimas.
Las videocámaras de seguridad captaron el ingreso de ambos al fraccionamiento a las 17:23 horas. A las 17:42, Ana Paula y sus hijos arribaron y subieron al departamento. A las 19:28 llegó Jonathan, acompañado de un amigo. El testigo relató que Jonathan le pidió: «espérame aquí abajo, si no contesto pide ayuda», y que percibió «cierto miedo» en su voz . A las 19:41, Diego Sebastián «N» bajó del elevador y se retiró junto con Gerardo «N» en un vehículo Kia.
El arma de fuego utilizada presuntamente contaba con silenciador. Diego Sebastián «N» habría reconocido: «la desensamblé y aventé a una barranca». Testigos refieren que, tras el crimen, acudió a un restaurante en la avenida Mixcoac para comer tacos, pero al no encontrar servicio, se retiró a la colonia Del Valle.
En el departamento también fue localizado un menor de aproximadamente cinco años, que no presentaba lesiones visibles. Fue entregado a sus abuelos por los policías que acudieron como primeros respondientes. La Fiscalía informó que hasta el momento el niño no ha sido presentado para valoraciones psicológicas y de trabajo social, pero buscará recabar su testimonio en el marco del Protocolo de Actuación para Casos que Involucren a Niñas, Niños y Adolescentes.
Los investigados podrían ser sentenciados a una pena de 25 a 70 años de prisión por cada víctima; por el delito de interrupción del embarazo, de 5 a 10 años; y por crueldad animal, de 3 a 6 años. La Fiscalía puso a disposición de la ciudadanía el correo [email protected] y el teléfono 800 7028770 para posibles denuncias.
Te puede interesar: Mujer con esquizofrenia es rescatada de canal en Ecatepec
