La FGR investiga 4,238 operaciones de importación irregular y reporta 25 órdenes de aprehensión en el caso vinculado a Ernesto Ruffo.
CIUDAD DE MÉXICO.- La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) relacionada con el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel y la empresa Ingemar apunta a una presunta red de contrabando de combustible con 4 mil 238 operaciones de importación irregular documentadas entre enero y julio de 2025.
La FGR informó que obtuvo 25 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con la investigación y estimó un perjuicio superior a 4 mil millones de pesos para la Hacienda Pública.
La Fiscalía rechaza que se trate de persecución política
Tras la detención de Ruffo, el Partido Acción Nacional (PAN) cuestionó el procedimiento y habló de una posible persecución política. La FGR rechazó ese señalamiento y sostuvo que la investigación está sustentada en elementos periciales, financieros, fiscales, aduaneros y ferroviarios.
El exgobernador fue detenido el 16 de julio en Ensenada y posteriormente fue vinculado a proceso junto con otros siete acusados por delitos relacionados con contrabando, delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos.
La Fiscalía ha insistido en que el caso se encuentra sujeto al debido proceso y que la responsabilidad penal de cada imputado deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.
4,238 operaciones están bajo investigación
De acuerdo con los datos presentados por la FGR, la investigación detectó 4,238 operaciones de importación realizadas entre enero y julio de 2025 mediante las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa, en Tamaulipas.
La hipótesis de la Fiscalía señala que el combustible era introducido desde Estados Unidos y que en los documentos de importación se declaraban cantidades inferiores a las realmente transportadas.
La investigación también identificó 162 carrotanques ferroviarios vinculados con siete empresas. Según la FGR, en algunos casos se habría declarado únicamente alrededor del 10 por ciento de la capacidad real de los carros tanque.
El daño estimado al erario supera los 4 mil millones de pesos, derivado de la introducción irregular de hidrocarburos y la presunta omisión del pago de contribuciones.
Ingemar, uno de los ejes de la investigación
La empresa Ingemar, vinculada a Ruffo, aparece como una de las compañías centrales en las indagatorias.
La FGR también investiga la incorporación de Guadalupe Hernández Hinojosa como directora general ejecutiva y apoderada legal de la empresa en marzo de 2026, cuando la investigación sobre la compañía ya estaba en curso.
La investigación busca determinar el papel que desempeñaron socios, operadores logísticos, agentes aduanales y otros participantes en el presunto esquema de importación irregular de combustible.
La responsabilidad deberá determinarse en tribunales
El expediente involucra a personas con diferentes niveles de participación presunta. Por ello, la existencia de órdenes de aprehensión, detenciones o vinculaciones a proceso no equivale a una sentencia condenatoria.
La propia FGR ha señalado que sus investigaciones se sustentan en diversos elementos de prueba y que el proceso debe desarrollarse bajo los principios de debido proceso y presunción de inocencia.
En este contexto, el caso plantea una investigación de gran escala contra una presunta estructura dedicada al contrabando de hidrocarburos, pero serán los tribunales los que determinen la responsabilidad individual de cada persona involucrada.
El avance del expediente también mantiene abierto el debate político sobre la reacción del PAN ante la detención de uno de sus exgobernadores. Sin embargo, cualquier conclusión sobre responsabilidades penales deberá sustentarse en las resoluciones judiciales y no únicamente en posicionamientos partidistas.
Por ahora, la FGR sostiene que se trata de una investigación con 25 órdenes de aprehensión, 4,238 operaciones irregulares bajo análisis y un posible perjuicio superior a 4 mil millones de pesos.
