María Elena Ríos Ortiz manifestó temor luego que se pospusiera la audiencia que se tenía prevista para este viernes en un tribunal colegiado de Oaxaca que definiría si el empresario Juan Antonio Vera Carrizal recuperaba su libertad
CIUDAD DE MÉXICO.- En un momento coyuntural para el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género, la saxofonista y activista María Elena Ríos Ortiz externó su preocupación luego de que se pospusiera la audiencia programada para este viernes 22 de mayo. Durante la jornada, un tribunal colegiado en el estado de Oaxaca determinaría si el empresario gasolinero Juan Antonio Vera Carrizal continúa en prisión preventiva o si obtiene su libertad, dentro del proceso penal que se le sigue por tentativa de feminicidio tras el ataque con ácido sulfúrico realizado contra la saxofonista el 9 de septiembre de 2019.
Ríos Ortiz, quien actualmente permanece desplazada en la Ciudad de México por motivos de seguridad, denunció la existencia de una severa asimetría de poder y presuntas redes de corrupción dentro del aparato judicial oaxaqueño. La activista recordó el episodio del 14 de agosto de 2024, cuando el juez José Gabriel Ramírez Montaño emitió una boleta de absolución en favor del imputado, medida que fue revocada de inmediato por otra juzgadora ante la sospecha de irregularidades financieras y presuntos sobornos institucionales que no han sido ratificados firmemente por una vía penal.
«Llevo casi siete años buscando justicia. He tenido revés tras revés en los tribunales oaxaqueños. No sé a qué sabe la justicia, me la he pasado luchando desgastada frente a un piso que claramente no es parejo», aseveró la activista en su posicionamiento público.
El caso regresó formalmente a la jurisdicción local luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutiera el pasado 13 de mayo de 2026 una solicitud de atracción promovida por la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, la propuesta no alcanzó la mayoría calificada entre los ministros del máximo tribunal del país debido a tecnicismos procesales, lo que devolvió la resolución definitiva de los amparos a los magistrados del tribunal del estado de Oaxaca, tras un diferimiento administrativo ocurrido el 20 de mayo.
A la par de las determinaciones del tribunal, la impulsora de la reforma civil conocida como «Ley Malena» —mecanismo legal penal adoptado en 18 estados para castigar de forma severa las agresiones con compuestos químicos— denunció haber sido blanco de tres atentados pese a estar incorporada al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Añadió que de acuerdo con datos recabados en 2025, en el país se contabilizaron 493 casos de amenazas y agresiones con sustancias corrosivas, lo que evidencia la urgencia de resoluciones judiciales que combatan la impunidad y protejan de forma integral la vida de las denunciantes.
