PULSO
Eduardo Meraz
Luego del desprestigio y podredumbre en la cual dejó Guadalupe Taddei al Instituto Nacional Electoral, queda demostrado el toque nefando del cuatroteísmo en la vida pública del país.
La tonalidad guinda en las instituciones y en las ideas, son como los edificios antiguos: no suelen derrumbarse de un solo golpe; primero aparecen las grietas, después se desprenden los revestimientos, más tarde se pudren los cimientos.
Algo semejante ocurre hoy con el Instituto Nacional Electoral (INE), cuyo prestigio y credibilidad han quedado seriamente comprometidos después de la gestión de Taddei Zavala.
Ante el deterioro del árbitro de las contiendas democráticas, las opiniones sobre su futuro se dividen en tres caminos: cambiar únicamente a quien ocupa la presidencia del Consejo General; renovar la baraja de consejeros electorales, o emprender una reforma de fondo que reconstruya al organismo desde sus cimientos.
Tres alternativas, tres velocidades y, sobre todo, tres maneras de entender la democracia, porque no es lo mismo cambiar al guardián de una casa deteriorada que sustituir a todos sus habitantes, y mucho menos emprender la reconstrucción de una vivienda cuyos cimientos han comenzado a ceder.
Lo apretado de los tiempos, cuando ya se está en pleno proceso electivo, prácticamente dejarían una sola opción, ante las dificultades de organizar en tiempo y forma la elección del congreso federal, 17 gubernaturas, congresos locales y cientos de presidencias municipales.
Así, la salida menos traumática parece ser el nombramiento de una nueva consejera o consejero presidente, ya sea entre los integrantes actuales del Consejo General o mediante la incorporación de un auténtico especialista, con trayectoria acreditada y, por encima de todo, independencia respecto de los intereses partidistas.
Pero cambiar de rostro no necesariamente significa cambiar de destino, y eso está directamente relacionado con un segundo aspecto de la mayor relevancia consiste en decidir si se mantienen los “superpoderes” para el consejero o consejera presidente.
La experiencia acumulada en distintas instituciones públicas, incluido el propio Poder Ejecutivo, demuestra los riesgos de concentrar demasiadas facultades en una sola persona. Cuando la autoridad deja de entenderse como una responsabilidad colegiada y comienza a ejercerse como patrimonio personal, la tentación del mando absoluto termina por imponerse.
El problema no es únicamente quién ocupa la silla principal, sino cuánto poder se deposita en ella.
Sin embargo, cuando los mecanismos de vigilancia se debilitan y las decisiones se subordinan a una sola voz, el edificio institucional comienza a parecerse más a un reino que a una república, y en su versión morenista, termina semejando la cueva de Alí Babá.
La presidencia del INE no debería ser un trono, ni el Consejo General una corte de obediencias; su naturaleza y esencia es colegiada y su razón de existir consiste en garantizar que ninguna fuerza política pueda apropiarse de las reglas, los procedimientos y los resultados de la competencia electoral.
Dejar las puertas abiertas a los intereses y ambiciones de quienes deberían custodiar la legalidad, resulta una metáfora dolorosa para una institución que, junto con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alguna vez fue referente de la transición democrática mexicana.
La renovación inmediata de la presidencia del INE podría ser una solución de emergencia, pero no debe confundirse con una reparación definitiva.
El INE necesita algo más que una mudanza de oficinas o un relevo de nombres, además de sancionar con severidad a los malhechores que se enquistaron en él.
Requiere recuperar su alma institucional, aquella que le permitió convertirse en garante de la pluralidad y en instrumento para que el voto ciudadano tuviera un valor superior al de las ambiciones de cualquier gobierno.
El deterioro de una autoridad electoral no se mide solamente por sus decisiones administrativas, sus nombramientos o sus disputas internas, como las que se dejan ver y sentir en estos momentos, donde todos quieren meterle mano al INE.
La reforma electoral -atención morenistas-, por tanto, no puede convertirse en un instrumento para acomodar las piezas al gusto de quienes detentan el poder; tampoco debe utilizarse como pretexto para debilitar la autonomía institucional, reducir contrapesos o garantizar ventajas a una determinada corriente política.
Porque un árbitro desacreditado no solamente pierde autoridad: pone en entredicho la legitimidad de todo el gobierno y de sus representantes.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Alrededor de 700 guarderías subrogadas del Seguro Social enfrentan el riesgo de suspender o cerrar sus servicios a partir del 1 de enero de 2027, lo que podría afectar a más de 100 mil niños y niñas en todo México.








