Diputados, especialistas y organismos de protección a la infancia analizaron una propuesta para sancionar a quienes reclutan personas para cometer delitos.
CIUDAD DE MÉXICO.— Legisladores y especialistas plantearon crear un delito autónomo para sancionar el reclutamiento ilícito de personas por parte del crimen organizado, con especial atención a niñas, niños y adolescentes, durante un foro realizado en la Cámara de Diputados.
Juan Carlos Loera de la Rosa, presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, señaló que el objetivo es construir una propuesta legislativa que defina con precisión la conducta delictiva, sus elementos, las agravantes aplicables y su relación con el marco jurídico vigente.
Durante el foro De la protección a la acción: evitando la utilización de niñas, niños y adolescentes por el crimen organizado, el legislador sostuvo que las aportaciones de especialistas y autoridades deben servir para convertir la preocupación por el reclutamiento en una herramienta jurídica que permita actuar con mayor claridad.
Loera advirtió que el fenómeno no puede abordarse únicamente como un problema de seguridad, debido a las consecuencias que tiene sobre los derechos y el desarrollo de las personas menores de edad.
La discusión se centró tanto en la posibilidad de establecer una sanción penal específica como en la necesidad de prevenir que niñas, niños y adolescentes sean captados por organizaciones criminales.
UNICEF estima hasta 250 mil menores en riesgo
El reclutamiento de menores por grupos delictivos representa un problema de protección de derechos humanos. UNICEF México estima que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por estas organizaciones.
La organización advierte que la captación puede ocurrir mediante amenazas, coerción o secuestro, pero también aprovechar condiciones de pobreza, violencia y falta de oportunidades. Por ello, plantea que las personas menores de edad reclutadas sean reconocidas como víctimas, independientemente de las circunstancias en que fueron incorporadas a actividades delictivas.
La estimación corresponde a menores en riesgo, no a un conteo de quienes ya fueron reclutados. UNICEF también señala que la falta de una tipificación específica dificulta la generación de estadísticas oficiales sistemáticas sobre el fenómeno.
Prevención, además de sanciones
Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, afirmó que niñas, niños y adolescentes no deben convertirse en instrumentos de organizaciones criminales, sino contar con condiciones para estudiar, vivir con sus familias y desarrollar sus proyectos de vida.
Laura Esquivel Torres, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, sostuvo que el reclutamiento puede comenzar con la búsqueda de pertenencia y advirtió sobre la importancia de ofrecer alternativas y herramientas para que las infancias tengan oportunidades de desarrollo.
Jorge Nader Kuri, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales, expresó el respaldo de esa institución a la tipificación autónoma del reclutamiento ilícito de personas, al considerarla una respuesta sustentada en evidencia y orientada a los derechos humanos.
Desde el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Jorge Andrade Contreras planteó que la respuesta debe ir más allá del derecho penal e incorporar prevención, detección temprana, intervención en comunidades y entornos digitales seguros.
Juan Pablo Rodríguez, especialista en protección a la infancia de UNICEF México, agregó que el reclutamiento no afecta únicamente a las víctimas directas: también debilita el tejido social y plantea un desafío para el Estado y las comunidades.
Una propuesta que requiere desarrollo legislativo
Las intervenciones del foro apuntaron a dos líneas de acción: establecer con claridad las responsabilidades penales de quienes reclutan a otras personas para cometer delitos y fortalecer las políticas de prevención y protección de la infancia.
La creación de un delito autónomo requiere definir sus elementos jurídicos y las sanciones correspondientes, además de precisar cómo se coordinaría con las disposiciones penales y de protección de derechos ya vigentes.
Hasta el momento, la información proporcionada sobre el encuentro no detalla un proyecto definitivo, sus sanciones propuestas ni una ruta legislativa concreta para su presentación y aprobación. Por tanto, el foro debe entenderse como parte de la discusión para desarrollar una respuesta legal, no como evidencia de que la reforma ya fue aprobada.
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