García Harfuch informó que la SSPC, el INE, la FGR y el CNI identifican “focos rojos” para prevenir la infiltración del crimen organizado.
Ciudad de México.— El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que el gobierno federal prepara un blindaje electoral para 2027, con el objetivo de prevenir la intervención del crimen organizado en los comicios, en los que estarán en juego más de 21 mil cargos de elección popular, incluidas 17 gubernaturas.
Tras comparecer ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, presidida por Ignacio Mier Velazco, Harfuch detalló que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum se llevó a cabo una reunión con la titular del INE, Guadalupe Taddei, en la que también participaron la consejera jurídica Luisa María Alcalde, la fiscal general Ernestina Godoy y el titular del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Francisco Almazán.
“Se llevó a cabo una reunión con la titular del INE, donde estuvo la consejera jurídica, la titular de la Fiscalía General de la República, su servidor y el titular del Centro Nacional de Inteligencia, primero para analizar los focos rojos que ha habido en el pasado y poder prevenirlos en el futuro”, señaló Harfuch.
La coordinación institucional
El secretario subrayó que la seguridad electoral no es una tarea exclusiva de la SSPC. “Estamos trabajando todas las instituciones del Gabinete de Seguridad: la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, principalmente la Guardia Nacional, que va a jugar un papel fundamental en estas elecciones, pero también hacerlo de manera muy coordinada con las policías estatales y las fiscalías estatales”.
Harfuch no precisó montos de despliegue ni el número de elementos que se asignarán a la tarea. “Vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, afirmó.
La Comisión de Verificación de Integridad
El blindaje electoral se enmarca en la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, aprobada por el Consejo General del INE el 30 de julio de 2026. Esta comisión, presidida por el consejero Arturo Chávez, no realiza investigaciones por cuenta propia, sino que funge como enlace entre el INE y la SSPC, la FGR, la Consejería Jurídica y el CNI.
Los partidos políticos podrán someter voluntariamente sus listas a una revisión para identificar posibles riesgos. Las instancias de seguridad elaborarán una evaluación de riesgo que entregarán a cada partido. Los resultados serán de carácter informativo: no se impedirá el registro de ningún aspirante.
Morena, a través de su presidenta Ariadna Montiel, ya anunció que todos sus aspirantes serán sometidos a revisión interna antes de enviar las listas al INE. “Lo haremos a lo interno primero, internamente, antes de enviar las listas”, señaló.
Las preocupaciones de la oposición
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, José Elías Lixa, señaló tras la comparecencia que la intervención del crimen organizado en los comicios es una preocupación permanente. Recordó que su bancada propuso reformas para declarar la nulidad de las elecciones cuando intervenga el crimen organizado, pero fueron rechazadas por Morena y sus aliados.
“Siempre que viene un proceso electoral establecer mecanismos que generen la protección necesaria a la ciudadanía y a las candidatas y candidatos para que no sea 2027 un año en el que la sangre impere más que la democracia”, externó Lixa.
Violencia electoral en 2024
El proceso electoral de 2024 en México estuvo marcado por violencia contra políticos y aspirantes. El proyecto Votar entre Balas, de Data Cívica, documentó 130 ataques contra aspirantes, precandidatos y candidatos presuntamente perpetrados por grupos del crimen organizado entre septiembre de 2023 y la jornada electoral. De ese total, 34 fueron asesinados, 40 sobrevivieron a atentados, 32 recibieron amenazas y 10 fueron secuestrados.
Entre los casos documentados figuran el asesinato de Francisco Sánchez Gaeta, candidato del PVEM en Puerto Vallarta; el homicidio de un candidato de Morena a síndico en Cuitzeo, Michoacán; y el asesinato de la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, un día después del triunfo electoral de Sheinbaum. También fueron asesinados Gisela Gaytán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, y José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato de la coalición PRI-PAN-PRD en Coyuca de Benítez.
Sobre Sinaloa y las extradiciones
Harfuch también se refirió a Sinaloa como una prioridad para el Gobierno de México. “Es un estado prioritario que no vamos a soltar hasta que esté su completa pacificación”, afirmó. La presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad a supervisar permanentemente las operaciones en esa entidad.
El secretario reconoció un repunte de violencia en Mazatlán durante los últimos 45 días, ante el cual Sheinbaum ordenó reforzar el despliegue. Sinaloa concentra el 20 por ciento de las armas aseguradas en el país.
Sobre las extradiciones, informó que hay pendientes “de los dos lados de la frontera”, pero “no pasa un mes en el que no se aplique este mecanismo”.
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