A veces y reveses
Eduardo Meraz
A veces, cuando la democracia parece caminar sobre la cuerda floja, a causa de unas autoridades electorales nulas y unos lineamientos para audiencias sin línea, se vuelve imperativo el derecho de los periodistas a decir lo que piensan, preguntar lo que incomoda y señalar aquello que el poder preferiría mantener bajo la alfombra.
Y es justamente en esa delgada frontera donde aparece uno de los recientes reveses para quienes pretenden convertir no sólo la vigilancia electoral, sino la vida pública y política nacionales en una especie de aduana del pensamiento.
De ahí la relevancia de una disposición de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las cual se decidió modificar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral relacionado con la metodología, que tocaba un nervio especialmente delicado: quién determina cuándo una crítica periodística deja de ser crítica y comienza a ser descalificación.
Los magistrados dejaron sin efecto los efectos de la variable 14, al considerar que se basa en parámetros subjetivos que pueden generar un efecto inhibidor sobre el ejercicio periodístico y limitar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.
En otras palabras, da un fuerte revés a los titulares de “Infodemia” y “Derecho de Réplica”, Miguel Ángel Elorza Vázquez y Luisa María Alcalde, respectivamente, en su propósito de querer imponer una visión única.
Pero lo que realmente encendió las alarmas, fue la difusión de una lista con nombres y datos de periodistas identificados por sus posiciones críticas hacia la llamada Cuarta Transformación.
La reacción de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos fue clara al recordar que periodistas y comunicadores necesitan condiciones que les permitan ejercer su profesión sin temor a consecuencias derivadas de sus opiniones.
Y ello es así, porque el periodismo, especialmente el político, no está hecho para acariciar al poder.
Su naturaleza consiste, precisamente, en observarlo con lupa, hurgar en sus contradicciones, cuestionar sus decisiones y poner sobre la mesa aquello que los gobernantes preferirían explicar solamente cuando ya no tienen escapatoria.
Una expresión puede ser severa, irónica, mordaz o incluso incómoda y, sin embargo, formar parte legítima del debate público.
Una columna puede cuestionar la honestidad de un funcionario, la eficacia de una política pública o la conducta de un candidato sin que por ello deba convertirse automáticamente en material susceptible de ser etiquetado como una forma indirecta de descalificación.
La subjetividad, cuando se instala como criterio para evaluar el discurso periodístico, puede convertirse en una puerta demasiado amplia para que entre la censura disfrazada de metodología.
Por eso resulta peligroso introducir categorías cuya identificación dependa de apreciaciones subjetivas.
No hay gobierno, partido ni gobernante que sea inmune a la tentación de controlar el relato y sin poder esconder su fascinación casi hipnótica por las versiones favorables de sí mismo.
El periodista también puede equivocarse, exagerar, interpretar mal o incluso ser injusto. Pero las equivocaciones periodísticas se combaten con argumentos, rectificaciones, derecho de réplica y, cuando corresponde, mediante las vías legales establecidas.
Lo que no puede normalizarse es convertir la identificación pública de periodistas críticos en una suerte de padrón de enemigos.
A veces, una lista puede parecer solamente una lista, pero en política, casi nunca lo es.
Cuando contiene nombres de personas que ejercen una profesión particularmente vulnerable y, además, las identifica por sus posiciones frente al poder, puede generar un efecto intimidatorio aunque nadie pronuncie una amenaza explícita.
El mensaje puede viajar sin palabras, y eso es precisamente lo peligroso.
El periodismo necesita libertad no porque los periodistas sean superiores al resto de los ciudadanos, sino porque la sociedad necesita ojos y oídos independientes frente a quienes administran el poder público.
Si esos ojos comienzan a mirar por encima del hombro y esos oídos empiezan a escuchar pensando en las posibles consecuencias de publicar, la democracia pierde algo mucho más importante que una nota crítica: pierde información.
Por eso, el fallo del TEPJF debería ser leído más allá de sus tecnicismos, pues es un recordatorio de que proteger la democracia electoral no significa construir un espacio público esterilizado, donde los candidatos solamente puedan ser descritos mediante palabras amables y donde toda crítica severa corra el riesgo de convertirse en expediente.
Pero no sólo la democracia necesita candidatos protegidos de las palabras, sino toda la actividad pública; la democracia, requiere fundamentalmente que la democracia necesita ciudadanos protegidos de la desinformación, pero también suficientemente libres para escuchar distintas voces y formarse su propia opinión.
En resumen la decisión del TEPJF y el llamado de la ONU deberían interpretarse como un severo revés a los apetitos absolutistas de Palacio Nacional, hasta prácticamente concluir que los lineamientos sobre los derechos de las audiencias, nacieron muertos.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Las designaciones de los “coordinadores” de la defensa de la 4T y la soberanía de Morena, por la manera en que se han dado a conocer, parece evidente: no están sustentadas en encuestas o consultas, sino en el clásico “dedazo”.
