Asesinatos, amenazas, resoluciones judiciales y nuevas figuras penales han puesto bajo tensión el trabajo de periodistas en Campeche, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí
CIUDAD DE MÉXICO.— Francisco Alejandro Leyva denunció amenazas de muerte un año antes de que lo asesinaran en Oaxaca. Luis Ángel López Valdez contaba con medidas de vigilancia cuando hombres armados lo mataron en Veracruz. Alex Serna cubría conflictos ambientales en Guerrero antes de desaparecer y ser localizado sin vida. En Puebla, Josué Martínez Contreras murió a tiros cerca de su domicilio.
No son casos de un mismo expediente ni responden necesariamente a las mismas causas. Sucedieron en estados distintos y en circunstancias diferentes. Pero juntos retratan una parte del escenario que enfrenta el periodismo local en México; la violencia convive con amenazas, litigios, restricciones judiciales y nuevas disposiciones penales que han encendido los focos entre organizaciones defensoras de la libertad de prensa.
El tema llegó este 17 de agosto a San Lázaro. Durante el foro Diálogo Legislativo: Libertad Editorial, Regulación y Derechos de las Audiencias, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, destacó casos de Campeche, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí y cuestionó las condiciones en que trabajan periodistas y medios fuera de la ciudad.
De las amenazas al asesinato
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista con casi tres décadas de trayectoria, denunció en julio de 2025 que había recibido amenazas de muerte. Relacionó esas intimidaciones con el descrédito público que, según su denuncia, sufrió después de aparecer en Trapitos al Sol, un segmento de las conferencias del gobernador Salomón Jara destinado a responder información que el gobierno estatal consideraba falsa o engañosa.
Leyva fue primero a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Dos días después presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Jara, dos funcionarios estatales y quienes resultaran involucrados.
La FGR abrió una investigación por amenazas, pero no proporcionó medidas de protección y remitió el expediente a la Fiscalía de Oaxaca 12 días después. De acuerdo con documentos revisados por Reporteros Sin Fronteras (RSF), la fiscalía estatal confirmó la recepción hasta noviembre, cuatro meses después de la denuncia.
El 22 de julio de 2026, Leyva fue asesinado a tiros en San Pablo Etla. Un día antes había publicado una columna crítica sobre el gobernador y funcionarios de su administración. La Fiscalía investiga el crimen y Jara pidió la participación de autoridades federales.
Veracruz, tres periodistas asesinados en un año
A unos 350 kilómetros de distancia, Veracruz acumuló tres periodistas asesinados durante 2026.
Carlos Castro fue asesinado en enero. Había recibido amenazas y estuvo incorporado a un mecanismo estatal de protección, aunque las autoridades suspendieron esas medidas en 2024 tras considerar que el riesgo había disminuido.
El 11 de junio mataron en Poza Rica a Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz y director de Reportaje Policiaco Veracruzano. Hombres armados le dispararon mientras conducía.
Su caso tiene un elemento particularmente relevante; la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas confirmó que López Valdez contaba con medidas de acompañamiento y vigilancia cuando sucedió el ataque.
La tercera víctima fue Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora de Pulso Informativo del Sureste. Hombres armados la secuestraron el 2 de junio en Nanchital. Su cuerpo apareció semanas después.
Moreira atribuyó a la gobernadora Rocío Nahle expresiones relacionadas con la elaboración de listas para definir quién puede considerarse periodista.
En Guerrero, otro periodista fue silenciado
Manuel Alejandro Moreno Serna, Alex Serna, trabajaba como periodista ambiental independiente en Zihuatanejo.
Su desaparición se reportó el 20 de junio. Días después circuló un audio atribuido al periodista en el que pedía ayuda y aseguraba que lo habían secuestrado como represalia por sus denuncias sobre afectaciones ambientales en la zona del río Salitreras.
Fue asesinado el 3 de julio.
RSF pidió investigar el crimen y mantener como línea principal su trabajo periodístico. La organización ya había documentado en Guerrero los asesinatos de José Carlos González Herrera y Ronald Paz Pedro durante 2025.
Las autoridades han abierto investigaciones por estos crímenes. El problema señalado por organizaciones defensoras de periodistas está en los resultados, el esclarecimiento y la persistencia de la impunidad.
Puebla suma violencia y una disputa sobre libertad digital
Puebla entró en este mapa el 16 de julio. Ese día asesinaron a Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, cuando se encontraba con su hijo cerca de su domicilio. La Fiscalía estatal abrió una investigación y RSF pidió que las autoridades determinen si el crimen tuvo relación con su trabajo.
El homicidio se dio en una entidad que ya mostraba cifras preocupantes. ARTICLE 19 documentó 39 agresiones contra periodistas y medios poblanos durante 2025, de acuerdo con información recogida por RSF. Fue la segunda cifra más alta del país, únicamente detrás de la Ciudad de México.
Al mismo tiempo, Puebla ha mantenido una discusión distinta alrededor del delito de ciberasedio y sus posibles alcances sobre la libertad de expresión.
Es un frente diferente al de los asesinatos y no permite afirmar que exista una sola política contra periodistas. Sí forma parte, sin embargo, de la discusión nacional sobre los límites que debe mantener el derecho penal frente a la expresión y el trabajo informativo.
Cuando la disputa por publicar llega a los tribunales
En Campeche, el conflicto tomó otro camino. El periodista Jorge Luis González Valdez y el periódico Tribuna enfrentaron medidas judiciales relacionadas con contenidos sobre la gobernadora Layda Sansores. El caso provocó pronunciamientos de organizaciones defensoras de la libertad de prensa por las restricciones impuestas a las publicaciones del medio.
San Luis Potosí abre otro frente: el derecho penal
La situación de San Luis Potosí padece un problema diferente. En mayo, las autoridades detuvieron a las periodistas Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo y las procesaron por cargos relacionados con el presunto uso ilícito de inteligencia artificial bajo una nueva figura penal denominada delito “contra la dignidad humana”.
El Comité para la Protección de los Periodistas cuestionó las detenciones y pidió retirar los cargos. Las autoridades estatales, en contraste, defendieron la actuación de la Fiscalía y sostuvieron que aplicaron la legislación vigente.
El caso pasó a los tribunales una discusión que hasta hace pocos años parecía distante; hasta dónde puede llegar la legislación sobre inteligencia artificial y contenidos digitales cuando quienes enfrentan el proceso son periodistas.
Siete periodistas asesinados en poco más de seis meses
Las formas de presión cambian de un estado a otro. También cambian los responsables, los contextos y las circunstancias de cada caso. Los expedientes no permiten establecer que detrás de ellos exista una estrategia nacional coordinada.
Hay, sin embargo, un dato que los atraviesa.
Al 22 de julio, Reporteros Sin Fronteras había documentado siete periodistas asesinados en México durante 2026 por causas relacionadas con su actividad profesional: Carlos Castro, Juan David Gámez, Roxana Guzmán, Luis Ángel López Valdez, Alex Serna, Josué Martínez Contreras y Francisco Alejandro Leyva Aguilar.
Dos de esos casos muestran además fallas particularmente sensibles en los mecanismos de prevención; Leyva había denunciado amenazas un año antes de morir; López Valdez contaba con medidas de acompañamiento y vigilancia cuando lo asesinaron.
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El problema rebasa los seis estados mencionados en San Lázaro. México ocupa actualmente el lugar 122 entre 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF. Cuando el indicador mide exclusivamente la seguridad de los periodistas, cae hasta el puesto 160.
La discusión que comenzó en la Cámara de Diputados alrededor de regulación, derechos de las audiencias y libertad editorial se da, así, mientras fuera de San Lázaro el periodismo en el país enfrenta una realidad más inmediata; reporteros que denuncian amenazas, buscan protección, enfrentan tribunales o, en los casos más graves, ya no llegan a publicar la siguiente historia.
