La falta de intérpretes para algunas lenguas y variantes, problemas de contratación y escasa capacitación especializada dificultan la atención en justicia, salud y otros servicios públicos, advierte OTIGLI
CIUDAD DE MÉXICO.— La falta de intérpretes de algunas lenguas y variantes indígenas sigue dificultando el acceso de sus hablantes a servicios de justicia, salud y atención pública, denunció este miércoles la Organización de Traductores Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas (OTIGLI).
La organización señaló además problemas para contratar y pagar oportunamente a los intérpretes, así como falta de capacitación especializada para quienes trabajan en tribunales, hospitales y otras instituciones.
Durante una conferencia de prensa, Fausto de Jesús González, Guillermo Alejo y María López, integrantes del consejo de OTIGLI, sostuvieron que México ha retrocedido en la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y pidieron revisar la política gubernamental en la materia.
La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas reconoce las lenguas indígenas como nacionales y establece que sus hablantes pueden utilizarlas para comunicarse sin restricciones en los ámbitos público y privado. En materia de justicia, dispone que deben ser asistidos gratuitamente por intérpretes y defensores que conozcan su lengua y cultura.
El problema, según OTIGLI, aparece cuando ese derecho tiene que ejercerse en la práctica.
No todas las lenguas tienen intérpretes disponibles
Una de las principales dificultades señaladas por la organización es la insuficiencia de intérpretes y traductores para determinadas lenguas y, particularmente, para algunas variantes lingüísticas.
A ello se suman dificultades para su contratación y pago, además de la falta de formación especializada para intervenir en asuntos judiciales, médicos, administrativos, comunitarios y de derechos humanos.
La diferencia no es menor. En esos espacios, una interpretación incorrecta o la ausencia de un profesional puede afectar la capacidad de una persona para comprender un procedimiento, explicar su situación o comunicarse con una autoridad.
OTIGLI también señaló que persisten prácticas de racismo estructural dentro de las instituciones y consideró insuficientes los avances legislativos cuando no se traducen en servicios accesibles para quienes hablan una lengua indígena.
“La interpretación y traducción en lenguas indígenas no es un favor ni una concesión: es una herramienta para hacer efectivos derechos reconocidos jurídicamente”, sostuvo la organización.
Piden cambiar la política gubernamental
Los integrantes de OTIGLI cuestionaron la distancia que, aseguran, existe entre el discurso oficial de reconocimiento a los pueblos indígenas y las condiciones que encuentran sus hablantes al solicitar atención.
Por ello pidieron “redireccionar” la política gubernamental y fortalecer la formación, contratación y reconocimiento profesional de intérpretes y traductores.
El pronunciamiento fue presentado este 30 de septiembre, en el marco del Día Internacional de la Traducción.
Para la organización, garantizar un intérprete no debe depender de la institución, del trámite que se realiza ni de la lengua que habla una persona.
“Ninguna lengua debe ser una barrera para ejercer un derecho”, señaló OTIGLI.
