El gobierno de Naucalpan ha anunciado su intervención jurídico-administrativa en el restaurante bar Black Royce una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) libere el establecimiento, como parte de las investigaciones en curso relacionadas con el trágico fallecimiento del empresario Iñigo Arenas en el interior del local.

La alcaldesa Angélica Moya Marín enfatizó que esta situación ha alertado al gobierno y ha resaltado la importancia de ejercer una mayor vigilancia sobre este tipo de establecimientos para garantizar su cumplimiento con las normativas correspondientes y su adecuación a los giros comerciales autorizados.

“Es una situación muy desafortunada, lamentamos profundamente lo ocurrido. Debemos esperar a que la fiscalía tome sus decisiones y nos proporcione los elementos necesarios para poder actuar en consecuencia a través de la Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico”, explicó Moya Marín.

Ignacio Espinoza Castillo, director de esta dependencia, señaló que el Black Royce operaba como restaurante bar desde el año 2018 y había renovado sus licencias anualmente hasta el 2023, con un horario de cierre a las 2:00 horas del día siguiente. Espinoza destacó que, durante la administración de Angélica Moya, no se han otorgado licencias para centros nocturnos, como parte de los esfuerzos por mantener la gobernabilidad en todo el municipio.

Sin embargo, a raíz de los acontecimientos recientes, se ha revelado que el tipo de actividades realizadas en el establecimiento se asemejaban a las de un centro nocturno. Espinoza subrayó que se tomarán medidas jurídico-administrativas en base a las pruebas que surjan de la investigación en curso.

Entre las posibles acciones se encuentran la suspensión temporal, amonestación, clausura definitiva o revocación de la licencia correspondiente. Espinoza enfatizó que estas medidas se implementarán tras contar con la evidencia necesaria y seguir los procedimientos legales adecuados.

Además, desde el inicio de la administración municipal, la alcaldesa ha dado instrucciones para llevar a cabo verificaciones regulares de las unidades económicas que venden alcohol, en colaboración con diversas áreas del gobierno municipal. Hasta el momento, se han suspendido alrededor de 150 unidades económicas debido a diversas irregularidades en su funcionamiento.

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