Dr. Rafael Vela Martínez
SEGALMEX son las siglas de un organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de México, denominado “Seguridad Alimentaria Mexicana”. Su principal propósito, según su objeto de creación, es garantizar la seguridad alimentaria en el país, promover el desarrollo de los pequeños y medianos productores, buscar la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, así como fomentar el desarrollo económico y social del país.
Pues bien, a pesar de que desde principios del 2020 diferentes medios de comunicación de orden nacional señalaban presuntos actos de corrupción en SEGALMEX, con irregularidades que rebasaban los 9 mil 500 millones de pesos en aquel momento, fue hasta el 2022 que se tuvo conocimiento, por información filtrada a la prensa, acerca de reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que daban cuenta de este robo millonario de los recursos públicos que, ha trascendido, asciende a 20 ml millones de pesos. La situación ha sido tan evidente que en días pasados el mismo Presidente de la República tuvo que aceptar dicho robo a la nación, sin que hasta el momento haya quedado esclarecido en su totalidad el acto de corrupción, ni mucho menos saneadas las finanzas públicas.
SEGALMEX se promovió como la Secretaria que iba a regresar los precios de garantía, a la alza, de los productos básicos alimentarios, para evitar que los intermediarios se quedaran con la riqueza que generan los productores agropecuarios, tal y como se argumentó, se llevaba a cabo en tiempos del presidente Lázaro Cárdenas del Río. Lo cierto es que, recientemente, productores agrícolas del país solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador su “intervención urgente” para atender la problemática de descapitalización que enfrentan dichos productores por la caída en la producción de los granos básicos, en especial de maíz y frijol.
Debe señalarse que la producción de granos básicos alimentarios no solo se ha visto afectada por la sequía registrada en los estados del norte del país durante este 2023, sino además se ven afectados por la extinción, en mayo de este año, de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND), institución que les proveía recursos crediticios a algunos productores, para solventar sus gastos de producción. Pues bien, lo que sucede ahora es que el “retiro” de SEGALMEX en la comercialización de granos ha traído como consecuencia la caída del 35% en los precios (pagos al productor) de los alimentos básicos de origen agropecuario, pues ya no opera, como sucedió al inicio de esta administración de Gobierno Federal, lo que se llamaba precios de garantía; es decir, el problema del abasto de alimentos para los mexicanos en estos momentos no solo se ubica en el ámbito de la producción, sino también en la comercialización.
En la carta referida, que fue enviada al Presidente de la República, se señala que la producción de maíz del ciclo primavera-verano, se ha reducido entre el 30 al 60%, según la región de que se trate; pero lo cierto es que la poca acumulación de agua en las presas ha comprometido la producción del ciclo otoño-invierno (2023-2024), a tal grado que se estima se presentará un desabasto de maíz blanco de 5 millones de toneladas para consumo humano; y de frijol se estima una reducción del 50% en la producción nacional, cifra que, de confirmarse, “estaría representando el peor nivel de volumen de producción en 30 años”, ya que según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), indica que en el año agrícola de 2022 la producción de frijol fue de 940 mil toneladas y para 2023-principios de 2024, la cosecha será de apenas 470 mil toneladas, aproximadamente.
Si este pronóstico se llega a cumplir, el escenario para nuestro país en materia alimentaria es adverso, pues todo apunta a que se incrementarán las importaciones, alejando al país de la autosuficiencia alimentaria; peor aún, de esa producción se estima dependen económicamente 3 millones de productores y productoras, y el 85% con un perfil de campesinos y campesinas, ejidatarios y comuneros de pequeña y mediana escala, según se argumenta en la misma carta en mención, dirigida al titular del ejecutivo federal.
Debe señalarse, a manera de conclusión, que este año ha sido sumamente adverso para los productores agropecuarios, pues si bien es cierto que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario enfrentaba una cartera vencida de 8 mil 281 millones de pesos, de los cuales 54.6 por ciento se concentraba en 11 clientes, lo que se hubiera esperado, según las promesas de campaña del partido en el poder, es que se ampliara el financiamiento a los productores rurales de tipo campesino y ejidatario, que se localizan principalmente en los estados del centro, sur y sureste del país, pero que, además, son quienes producen es sus unidades de producción prácticamente el 100% de alimentos para consumo humano, a diferencia de los del norte de la República Mexicana.
Lo cierto es que, al parecer, existe algo turbio en este proceso de extinción de la financiera, o al menos un proceso no muy claro, pues todo apunta a que con la desaparición de la FND, será muy difícil conocer los nombres de esos 11 clientes, presuntos productores del campo, que se enriquecieron con los créditos que asciende a más de 4 mil millones de pesos; cifra que contrasta con la cartera vencida de 961 pequeños productores que asciende sólo a 190 millones de pesos, que apenas representa el 2.7 por ciento del total de la cartera vencida, según información de los mismos medios de comunicación, pues al momento no ha habido un informe oficial al respecto, que sea difundido ampliamente.
La extinción de la FND y la corrupción de SEGALMEX podría resultar en la falta de acceso a financiamiento para los agricultores, ganaderos y empresarios rurales. Esto podría dificultar la modernización de las actividades agrícolas en el país y la implementación de proyectos que impulsen el desarrollo sostenible a nivel regional, así como impedir se cumpla con el compromiso establecido con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en lo relativo el primer objetivo de la Agenda 20-30, que se refiere a lograr cero hambre en el país. Y ahí es donde surge la pregunta: ¿Pues no que por el bien de México primero los pobres?
Usted tiene la última palabra. Nos vemos nuevamente en el 2024.
