La entrega de monederos a diputados federales reavivó las preguntas sobre los recursos utilizados, mientras la empresa enfrenta cuestionamientos por contratos públicos y una solicitud de crédito a Bancomext. Morena defiende la legalidad de los apoyos y Broxel rechaza tener adeudos con el gobierno
CIUDAD DE MÉXICO.— La entrega de tarjetas Broxel a diputados federales de Morena ha generado controversia sobre el manejo de recursos dentro de la Cámara de Diputados. El caso se da mientras la empresa proveedora de monederos electrónicos enfrenta cuestionamientos por contrataciones gubernamentales y una solicitud de financiamiento por hasta cuatro mil 200 millones de pesos al Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext).
Aunque se trata de operaciones distintas, la coincidencia ha puesto bajo revisión pública la relación de Broxel con instituciones gubernamentales y la manera de contratar y distribuir recursos a través de tarjetas electrónicas.
El primer caso sin aclarar es cuánto dinero se entregó realmente a los legisladores, quién autorizó la operación y de qué partida salieron los recursos.
¿Cuánto dinero recibieron los diputados de Morena?
El 3 de noviembre, El Universal informó la entrega de tarjetas Broxel entre integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
La publicación señaló que cada legislador recibió cinco tarjetas con un valor de 10 mil pesos cada una. Sin embargo, un día después, Faruk Miguel Take Roaro, coordinador administrativo del grupo parlamentario, reconoció la entrega de tres tarjetas por diputado y sostuvo que correspondían a un adelanto de prerrogativas de fin de año.
La diferencia no es menor.
Si los 254 diputados considerados en los reportes recibieron tres tarjetas de 10 mil pesos, el valor nominal de la operación sería de 7 millones 620 mil pesos. Si fueron cinco, como señaló la publicación original, ascendería a 12 millones 700 mil pesos.
Hasta ahora, la diferencia entre ambas versiones no ha quedado aclarada públicamente entre una relación completa de las tarjetas entregadas y los recursos dispersados.
Morena ha defendido la legalidad de los apoyos, pero sigue pendiente conocer el fundamento presupuestal específico, las autorizaciones y los mecanismos de comprobación.
Broxel ya tenía contratos con la Cámara de Diputados
La relación comercial entre Servicios Broxel y la Cámara de Diputados no comenzó con la controversia de noviembre.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó contratos para el suministro de vales de despensa destinados a personal administrativo y legislativo.
Entre ellos figura el contrato LXVI-DGAJ-068/2024, por el cual se documentaron pagos de 30 millones de pesos durante ese ejercicio.
También aparece el contrato LXVI-DGAJ-083/2024, formalizado en diciembre de ese año, con un monto mínimo de 102.34 millones y uno máximo de 255.86 millones de pesos para servicios relacionados con vales de despensa, alimentación y prestaciones de fin de año.
Contratos federales por miles de millones de pesos
La actividad de Broxel en el sector público también ha sido objeto de controversias administrativas.
En diciembre de 2025, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que daba seguimiento a una inconformidad presentada por Toka Internacional contra una licitación consolidada de vales de fin de año adjudicada a Servicios Broxel.
El procedimiento involucraba a 206 instituciones y contemplaba un monto mínimo de siete mil 345 millones de pesos y uno máximo de 10 mil 338 millones.
La inconformidad cuestionó aspectos de la propuesta económica presentada por la empresa.
Un crédito de 4 mil 200 millones
La controversia se amplió en noviembre, cuando distintos medios difundieron información sobre un oficio fechado el día 10, atribuido a un órgano de vigilancia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
El documento advertiría sobre riesgos asociados a una solicitud de financiamiento de Broxel ante Bancomext por hasta cuatro mil 200 millones de pesos.
Entre los señalamientos publicados figura un presunto monto pendiente de reintegro de 29.4 millones de pesos a 39 entidades federales.
Broxel rechazó tener adeudos con el gobierno federal. El 12 de noviembre cuestionó la autenticidad e integridad del oficio difundido y sostuvo que había cumplido con sus obligaciones.
El posible conflicto de interés
El oficio difundido por medios también menciona una relación familiar entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda.
Según la información publicada, este último mantiene antecedentes laborales con Bancomext y una licencia sin goce de sueldo.
El parentesco señalado genera dudas sobre los mecanismos de prevención de conflictos de interés en las operaciones financieras con instituciones públicas.
PAN exige investigar contratos y posibles conflictos de interés
La controversia sumó este 13 de noviembre una exigencia de esclarecimiento por parte de legisladores federales y locales del PAN, quienes solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno un informe sobre las operaciones financieras y los acuerdos comerciales entre Broxel, instituciones del gobierno federal y la bancada de Morena en la Cámara de Diputados.
Federico Döring, Ernesto Sánchez Rodríguez y Paulina Rubio cuestionaron el parentesco entre Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, representante legal de Broxel, y Miguel Sergio Siliceo Valdespino, identificado como titular de la Unidad de Inversiones de Hacienda, quien mantiene antecedentes laborales con Bancomext.
Los legisladores pidieron esclarecer los señalamientos sobre presuntos pagos en exceso y adeudos con 39 dependencias federales.
En el pronunciamiento, la diputada local Laura Álvarez Soto y el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera, cuestionaron que las investigaciones sobre posibles irregularidades gubernamentales no siempre deriven en resultados públicos.
Las respuestas que siguen pendientes
La entrega de tarjetas a legisladores, los contratos públicos de Broxel y la solicitud de financiamiento ante Bancomext corresponden a expedientes diferentes, con distintos niveles de documentación y controversia.
El caso de los diputados exige aclarar cuántas tarjetas fueron entregadas, qué recursos las financiaron y bajo qué disposiciones se autorizaron.
En las contrataciones públicas, el seguimiento debe concentrarse en los procedimientos de adjudicación, los montos pagados y el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Por ahora, la documentación confirma que Broxel ha mantenido relaciones contractuales con instituciones públicas y que Morena reconoció la entrega de tarjetas a sus diputados.
