Así lo dice La Mont
Tiempos: En exactamente treinta días, el panorama de los medios de comunicación en el país enfrentará un cambio de paradigma definitivo cuando entre en vigor la nueva Ley de Audiencias, contemplada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Este marco normativo establece obligaciones estrictas para los radiodifusores y creadores de contenido, centradas en la transparencia y la protección directa de los consumidores y en su esencia, la legislación exige una distinción inconfundible entre publicidad pagada e información fáctica, buscando eliminar las estrategias de marketing encubierto que ocultan los límites para el espectador.
Además, impone la rigurosa tarea de separar la opinión personal del contenido noticioso, obligando a los periodistas a indicar explícitamente cuándo emiten un comentario editorial frente a la narración objetiva de hechos. Más allá de la división de contenidos, la ley refuerza contundentemente los mecanismos de accesibilidad, garantizando que las personas con discapacidad tengan acceso equitativo mediante la obligatoriedad de lengua de señas, subtitulaje y audio descripción. Esta fase de instrumentación representa un reto logístico mayúsculo para los medios, que deben reestructurar sus rutinas de producción para cumplir con un marco que impone exigencias estructurales sin precedentes en las transmisiones cotidianas.
La inminente aplicación de esta ley está envuelta en una profunda controversia, centrada en si su redacción original sufrió modificaciones que alteran su espíritu inicial y si, en la práctica cotidiana, constituye un mecanismo de censura que cambiará las reglas de la libertad de expresión. Originalmente, el texto fue objeto de intensas disputas legales y amparos que obligaron a realizar ajustes sustanciales, buscando equilibrar el derecho de las audiencias y la indispensable autonomía editorial. Sin embargo, los críticos argumentan que la exigencia de separar tajantemente la información de la opinión es impracticable en el periodismo moderno y crea un terreno fértil para la autocensura.
El temor radica en que las graves sanciones económicas obliguen a los comunicadores a limitar sus análisis por miedo a represalias gubernamentales disfrazadas de defensa de la audiencia. Por el contrario, los defensores sostienen que no existe censura alguna, sino una exigencia ética de honestidad que fortalece la libertad de expresión al entregar al ciudadano datos sin sesgos ocultos. Este choque de visiones genera incertidumbre sobre cómo el ente regulador interpretará las infracciones y si logrará sancionar objetivamente sin convertirse en un tribunal inquisitivo que dicte la línea discursiva del periodismo nacional, modificando drásticamente el derecho a comunicar.
¿Por qué?: El origen de esta compleja normativa se remonta a los esfuerzos de diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos que, durante años, concibieron la necesidad de crear un contrapeso efectivo ante el poder histórico de los conglomerados mediáticos. El debate legislativo y la consulta pública fueron procesos sumamente largos y polarizados, donde las mesas de diálogo evidenciaron una fractura irreconciliable entre activistas que exigían una regulación estricta y empresarios que defendían la autorregulación corporativa.
Durante las consultas, distintos académicos documentaron las prácticas engañosas de la televisión y radio, cimentando así la iniciativa. Ante este escenario, la respuesta de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión fue completamente frontal, rechazando la ley desde su gestación al considerarla una intromisión inconstitucional en la libertad de empresa y de prensa. La cámara desplegó una agresiva campaña argumentando que el Estado asume un papel paternalista, al considerar a las audiencias como menores incapaces de discernir entre un hecho, una opinión y un comercial. La resistencia incluyó múltiples controversias constitucionales, advirtiendo que los costos de operar las nuevas figuras legales y mecanismos de accesibilidad quebrarían a emisoras locales, dejando una tensión latente que culmina ahora al entrar en plena vigencia la ley.
