PULSO
Eduardo Meraz
Hay gobiernos constructores de carreteras, hospitales y escuelas; hay otros elaboradores de relatos, y están aquellos cuya habilidad casi artesanal, consigue historias casi mágicas, pareciendo más importante que la realidad.
Y en ese contexto, debemos ubicar este 1 de septiembre, cuando la titular del ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, nos dará a conocer resultados de su gestión en el primer tercio de su mandato, donde una vez seremos testigos del acostumbrado costumbrismo gubernamental de ver la vida en rosa.
Una nueva catarsis donde nunca hay fallas; lo malo es culpa de otros, tal y como dictan los usos propios de los hombres y mujeres en el poder.
Será el momento de las cifras cuidadosamente acomodadas, de los logros subrayados con marcador fluorescente y de las dificultades colocadas discretamente al pie de página.
Desde Palacio Nacional se habla de transformación, bienestar y prosperidad compartida. Palabras grandes, solemnes, capaces de llenar una plaza pública, pero que tienen la incómoda costumbre de hacerse pequeñas cuando llegan a la mesa de una familia que debe elegir entre pagar la luz, comprar medicinas o completar la despensa.
Porque una cosa es anunciar prosperidad y otra muy distinta conseguir que ésta entre por la puerta de las casas.
México ha destinado cantidades enormes de recursos públicos a programas sociales, obras, subsidios y proyectos gubernamentales. Y nadie podría sostener seriamente que combatir la pobreza sea un desperdicio.
El problema aparece cuando la política social deja de ser un puente hacia una vida mejor y comienza a convertirse en una estación permanente; sacar a una persona de la pobreza debería significar darle herramientas para no regresar a ella.
Hoy, el segundo piso de la transformación nos ha hecho incrementar la deuda pública en poco más de tres millones, con lo cual, a finales del presente año, los mexicanos deberemos alrededor de 20 billones de pesos; es decir, en ocho años, la deuda pública se habrá duplicado.
Independientemente de si es poca o mucha la carga sobre los hombros de los mexicanos; los 10 billones gastados en este tiempo, apenas alcanzaron para sacar de la pobreza a 14 millones de mexicanos.
En otros términos, por cada mexicano sacado de la pobreza, los mexicanos, con nuestros impuestos, debimos destinar alrededor de 800 mil pesos. Y sin embargo, se quedaron fuera de este beneficio nuestros compatriotas en pobreza extrema.
De igual manera, prácticamente se han vuelto inamovibles las condiciones materiales limitativas para saltos cualitativos en las condiciones de vida de millones de mexicanos, pues son unos cuantos los que logran romper la barrera de los deciles.
En contraste, en este lapso, los hombres más ricos del país prácticamente duplicaron sus fortunas, mientras una nueva comalada de “cachorros del bienestar” también se llenaban las alforjas con recursos públicos.
Es como subir una escalera cuyos primeros peldaños están al alcance de muchos, pero cuyos últimos escalones permanecen reservados para unos cuantos.
No basta con que alguien deje de ser pobre si permanece condenado a la precariedad. No basta con aumentar ligeramente el ingreso de una familia si el costo de la vivienda, la alimentación, la educación y la salud absorbe cualquier posibilidad de ahorro.
La pobreza no sólo se mide por lo que falta en la cartera; también por las oportunidades que nunca llegan, y ese es el desafío que ningún discurso puede esconder indefinidamente.
No hay nada ilegítimo en generar riqueza, si tenemos en cuenta que una economía sana necesita empresarios, inversión, innovación y capital.
El verdadero problema aparece cuando la distancia entre quienes tienen mucho y quienes apenas sobreviven se vuelve una característica permanente del sistema.
Y esa es, justamente, la explicación de por qué cada transformación política suele producir su propia camada de beneficiarios. Cambian los nombres, los discursos, los colores y las lealtades, pero la tentación permanece intacta: convertir la cercanía con el gobierno en una puerta de acceso privilegiado a los recursos públicos.
La movilidad social es quizá la gran ausente de esta historia.
Por eso el verdadero informe presidencial debería ser menos una ceremonia y más un ejercicio de honestidad; debería explicar no solamente cuánto se gastó, sino qué se obtuvo.
La transformación será verdaderamente compartida cuando el ascenso de unos no dependa del estancamiento de otros; cuando el Estado deje de confundir gasto con desarrollo y cuando la prosperidad deje de ser un concepto repetido desde el poder para convertirse en una experiencia cotidiana.
Mientras tanto, tendremos informes impecables, discursos luminosos y fotografías cuidadosamente iluminadas, pero debajo de las luces permanecerá el mismo país.
Grosso modo, así podríamos resumir la prosperidad compartida que tanto se presume en Palacio Nacional y entre las huestes morenistas.
He dicho.
