En Síntesis
Por Alfredo Cuéllar
La política migratoria puede ganar primero en el terreno político y perder después en el económico.
California, Estados Unidos.- Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras y aplicar sus leyes migratorias. Pero durante décadas permitió que millones de inmigrantes trabajaran y que sectores enteros de su economía llegaran a depender de ellos. Este artículo examina una consecuencia poco discutida de la actual política de deportaciones: ¿qué ocurre cuando se intenta retirar rápidamente una fuerza laboral que la propia economía tardó décadas en incorporar? La agricultura ofrece quizá el ejemplo más claro. Los datos muestran una elevada dependencia del trabajador nacido en el extranjero y, al mismo tiempo, enormes dificultades para sustituirlo. La factura económica puede haber comenzado antes incluso de que podamos medirla completamente.
PARTE I
Hay políticas cuyos efectos aparecen inmediatamente en las estadísticas. Otras comienzan mucho antes, en un territorio más difícil de medir: el comportamiento humano.
La política migratoria de Donald Trump pertenece, en buena medida, a esta segunda categoría.
La pregunta que me interesa no es si Estados Unidos tiene derecho a controlar sus fronteras. Por supuesto que lo tiene. Tampoco es si quienes se encuentran sin documentos legales en el país han violado una norma migratoria. El punto de este análisis es otro:
¿Qué ocurre cuando la aplicación de una política migratoria comienza a modificar el comportamiento económico de millones de personas antes incluso de que esas personas hayan sido deportadas?
Ahí puede estar apareciendo una factura que todavía no vemos completa.
El primer error: confundir inmigrante, hispano e indocumentado
Para discutir seriamente este tema debemos comenzar limpiando el lenguaje.
No todo inmigrante es indocumentado. No todo hispano es inmigrante. No todo trabajador agrícola extranjero está ilegalmente en Estados Unidos.
Las categorías importan porque, cuando se mezclan, las cifras dejan de explicar y comienzan a servir a la propaganda. Ese es precisamente el terreno fértil para las generalizaciones políticas: “inmigrante” puede terminar convertido en sinónimo de “ilegal”, y de ahí dar otro salto hasta asociarlo con criminales, narcotraficantes o personas peligrosas. Una vez borradas las diferencias entre millones de individuos, la consigna sustituye al dato y resulta mucho más fácil despertar miedo que explicar una realidad compleja.
Los datos del Departamento de Agricultura permiten establecer una base bastante más rigurosa. Entre los trabajadores agrícolas contratados para cultivos en 2020–2022, aproximadamente 32% había nacido en Estados Unidos. Otro 7% correspondía a inmigrantes naturalizados, 19% a otros inmigrantes autorizados y 42% carecía de autorización de trabajo. (Fuente: U.S. Department of Agriculture [USDA)] Economic Research Service, Farm Labor / National Agricultural Workers Survey, 2020–2022.)
Eso significa algo extraordinariamente importante: alrededor de dos terceras partes de esa fuerza laboral nació fuera de Estados Unidos, pero no que dos terceras partes sean indocumentadas.
La diferencia no es semántica. Es fundamental.
Una dependencia construida durante décadas
Estados Unidos no descubrió ayer que necesita trabajadores extranjeros para recoger buena parte de sus alimentos.
La mejor demostración quizá no sea una declaración política, sino el comportamiento del propio mercado laboral.
El programa federal H-2A permite contratar legalmente trabajadores extranjeros temporales para labores agrícolas. En 2005 se certificaron poco más de 48,000 puestos. Para 2024 eran aproximadamente 385,000. Una cifra notable.
El crecimiento fue de más de siete veces. USDA considera precisamente ese extraordinario aumento como uno de los indicadores más claros de la escasez de mano de obra agrícola. (Fuente: U.S. Department of Agriculture [USDA], Economic Research Service, Farm Labor, H-2A Temporary Agricultural Workers Program, datos 2005–2024.)
Aquí surge una contradicción que merece atención.
Durante décadas, la economía estadounidense construyó un sistema agrícola que depende sustancialmente del trabajador nacido en el extranjero. Ahora las políticas públicas actuales pretenden retirar, intimidar o reducir parte de esa misma fuerza laboral sin que exista evidencia suficiente de que cientos de miles de trabajadores estadounidenses estén esperando para sustituirla.
La política puede cambiar más rápidamente que la estructura económica.
Y ahí comienza el problema.
No es necesario deportar para producir un efecto económico
Esta puede ser la parte menos comprendida del fenómeno.
Para alterar la oferta de trabajo no es necesario deportar primero a millones de personas.
Basta modificar su conducta.
Un trabajador que teme salir de casa porque puede ser aprehendido por ICE ya ha desaparecido temporalmente de la oferta laboral. Una familia que reduce sus compras por temor a circular libremente ya ha reducido la demanda de consumo. Un pequeño empresario que no sabe si contará mañana con sus empleados puede posponer inversiones. Un agricultor que duda si tendrá suficiente personal para levantar la cosecha puede modificar sus decisiones de producción.
Por eso considero que el miedo también es una variable económica, aunque resulte mucho más difícil medirlo que una deportación.
Y ya tenemos indicios institucionales.
La Reserva Federal ha recogido testimonios empresariales sobre ausencias laborales relacionadas con el temor a la aplicación de las leyes migratorias. En distintos distritos también ha registrado dificultades para cubrir puestos en agricultura y construcción asociadas con cambios en la política migratoria. (Fuente: Board of Governors of the Federal Reserve System, Beige Book, reportes de los distritos de la Reserva Federal sobre condiciones laborales, empleo e inmigración, 2025–2026.)
No estamos hablando, por tanto, únicamente de especulación partidista. Estamos observando señales económicas.
El campo es el laboratorio más visible
La agricultura permite observar antes que otros sectores lo que podría ocurrir.
Una fábrica puede acumular inventarios. Una empresa puede posponer determinadas operaciones. Pero una fresa madura no puede esperar tres meses a que Washington resuelva una contradicción migratoria.
a cosecha tiene calendario.
Y cuando falta mano de obra en una actividad intensiva, existen solamente algunas posibilidades: aumentar salarios,
mecanizar,
importar trabajadores legalmente,
reducir la producción,
trasladar mayores costos al consumidor,
abandonar determinadas cosechas
o aumentar las importaciones de alimentos producidos en otros países.
La paradoja resulta difícil de ignorar: al intentar reducir la dependencia de trabajadores extranjeros para producir alimentos dentro de Estados Unidos, podríamos terminar aumentando la dependencia de alimentos producidos en el extranjero.
Todas tienen costos.
En California ya se han documentado episodios en los que operaciones migratorias provocaron que trabajadores dejaran de presentarse. Organizaciones agrícolas reportaron ausencias significativas después de redadas, precisamente en actividades relacionadas con fresas, limones y aguacates. (Fuente: Associated Press [AP], reportes desde California sobre el impacto de las operaciones federales de inmigración en trabajadores y empleadores agrícolas, 2025.)
Debemos ser muy cuidadosos aquí. Aunque no hay evidencia para afirmar que el miedo provocó ausencias en los momentos claves de recoger cosechas los agricultores dan evidencia de falta de trabajadores.
“Que los sustituyan los americanos”
La respuesta parece sencilla: si desaparecen trabajadores indocumentados, otros trabajadores estadounidenses ocuparán sus puestos.
Económicamente, sin embargo, la cuestión es bastante más compleja.
El crecimiento espectacular del programa H-2A demuestra que los agricultores llevan años buscando trabajadores extranjeros incluso mediante procedimientos legales que implican requisitos y costos adicionales para el empleador.
En 2024, las 385,000 posiciones H-2A certificadas equivalían, por su duración promedio, a aproximadamente 184,000 empleos de tiempo completo durante un año. Además, los empleadores deben proporcionar vivienda y cubrir determinados gastos de transporte. (Fuente:U.S. Department of Agriculture (USDA), Economic Research Service, Farm Labor, sección sobre el programa H-2A y empleo de trabajadores agrícolas temporales, datos de 2024.)
¿Por qué aceptar esas cargas si existiera una reserva abundante de trabajadores nacionales disponible para realizar esas tareas en las mismas condiciones?
La historia proporciona además una advertencia.
La terminación del programa Bracero en 1964 constituye uno de los grandes experimentos naturales sobre esta cuestión. Investigaciones económicas posteriores encontraron que retirar trabajadores mexicanos no produjo simplemente una sustitución equivalente por trabajadores estadounidenses. Los productores respondieron también mediante mecanización, cambios tecnológicos y modificaciones en los cultivos.
El capital sustituye trabajo cuando puede hacerlo.
Pero no todos los cultivos pueden mecanizarse con la misma facilidad ni con la misma velocidad. Y existe otra realidad frecuentemente ignorada cuando se afirma, con aparente sencillez, que “los americanos ocuparán esos empleos”: no basta con que existan trabajadores disponibles; tienen que estar dispuestos y ser capaces de realizar ese trabajo de manera sostenida.
Muchas faenas agrícolas se realizan durante largas jornadas bajo el sol, con temperaturas elevadas y considerable esfuerzo físico, frecuentemente agachándose, cargando, cortando o cosechando mediante movimientos repetitivos. No se trata simplemente de ocupar una vacante. Se trata de soportar cotidianamente las exigencias físicas de una de las actividades laborales más duras.
No es solamente una descripción retórica. En 2022, el sector de agricultura, silvicultura, pesca y caza registró 18.6 muertes laborales por cada 100,000 trabajadores de tiempo completo, frente a 3.7 para el conjunto de las industrias estadounidenses: una tasa aproximadamente cinco veces mayor. Aunque la estadística comprende actividades adicionales a la agricultura, ofrece una medida contundente del riesgo físico asociado con este tipo de trabajo. (Fuente: National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH/CDC] Agriculture Worker Safety and Health, datos de mortalidad ocupacional, 2022.)
OSHA advierte, además, que la combinación de exposición solar, altas temperaturas y trabajo físico intenso incrementa considerablemente el riesgo de estrés y enfermedades relacionadas con el calor. (Fuente: Occupational Safety and Health Administration [OSHA], Heat Hazard Recognition y materiales sobre prevención de enfermedades relacionadas con el calor.)
Por eso, la hipótesis de sustitución automática —sale un trabajador inmigrante y entra inmediatamente un trabajador estadounidense— debe examinarse con mucha cautela. La disponibilidad estadística de mano de obra no equivale necesariamente a disponibilidad real para trabajar en el campo, y mucho menos para convertir ese trabajo en una forma sostenible de vida laboral.(Fuente sobre el Programa Bracero: Michael A. Clemens, Ethan G. Lewis y Hannah M. Postel, “Immigration Restrictions as Active Labor Market Policy: Evidence from the Mexican Bracero Exclusion”, American Economic Review, 2018.)
La pregunta, entonces, ya no es solamente quién hará el trabajo que hoy realizan esos trabajadores. Hay otra igualmente importante: si disminuye esa fuerza laboral, ¿quién terminará pagando la diferencia?
En la segunda parte de este artículo veremos que la respuesta puede estar mucho más cerca de nosotros de lo que imaginamos: en el supermercado, en el restaurante, en la construcción de una casa y, finalmente, en nuestro propio bolsillo.
Parte II
En la primera parte vimos cómo Estados Unidos construyó durante décadas una economía con sectores importantes que dependen del trabajo inmigrante y por qué sustituir esa mano de obra no es tan sencillo como decir: “que esos trabajos los hagan los americanos”. Ahora examinamos la otra mitad del problema: quién paga cuando esa fuerza laboral disminuye. La respuesta no llega necesariamente en una gran crisis visible. Puede aparecer poco a poco: alimentos más caros, construcciones retrasadas, restaurantes con menos empleados, cosechas que no se levantan y servicios que cuestan más. Aquí aparece la Micropolítica: el beneficio político de las deportaciones puede verse inmediatamente; sus costos económicos se dispersan silenciosamente entre millones de personas.
La factura no termina en el campo
La agricultura es apenas el ejemplo más visible.
La misma lógica puede extenderse, con diferentes intensidades, a construcción, hotelería, restaurantes, procesamiento de alimentos, cuidado de personas y otros segmentos donde la presencia inmigrante es considerable.
Si disminuye abruptamente la oferta laboral, pueden ocurrir simultáneamente varios fenómenos: suben los salarios necesarios para atraer trabajadores;
aumentan costos de producción;
algunas empresas automatizan;
otras reducen operaciones;
ciertos precios aumentan;
disminuye el consumo de las familias afectadas
y algunas empresas marginales desaparecen.
No todos esos efectos son necesariamente negativos.
Salarios mayores y mayor productividad pueden constituir ajustes saludables. Una política migratoria seria tampoco puede justificarse simplemente porque determinados sectores se hayan acostumbrado a disponer de mano de obra vulnerable o barata.
Pero tampoco podemos imaginar que eliminar esa mano de obra carecerá de consecuencias.
No existe almuerzo gratis, y tampoco deportación económicamente gratuita. Se puede expulsar al trabajador de un país; lo que no se puede expulsar con él es el trabajo que alguien tendrá que hacer, ni evitar el costo económico del trabajo que simplemente deje de hacerse.
Alguien paga la transición.
La paradoja política
Aquí aparece la Micropolítica.
La política migratoria produce beneficios políticos inmediatos para Trump, su gobierno y quienes hicieron de una política más agresiva de detenciones y deportaciones una de sus principales promesas electorales, mucho antes de que aparezcan plenamente sus costos económicos.
Para una parte importante de sus electores, las imágenes de agentes, detenciones y deportaciones no representan solamente la aplicación de la ley. Representan también el cumplimiento visible de una promesa política: el gobierno está haciendo lo que dijo que haría.
El beneficio político y simbólico es inmediato.
La factura económica, en cambio, llega después y fragmentada.
Cada efecto aislado puede parecer pequeño.
La Micropolítica nos enseña que el poder frecuentemente opera así: concentra el beneficio político en quienes toman y anuncian una decisión, mientras reparte sus costos, poco a poco y casi sin que se noten, entre millones de personas que terminan afectadas con esa decisión política.
Dicho en palabras más sencillas: el beneficio político se ve; la factura económica se reparte y tarde en notarse.
El gobierno muestra una redada y miles de personas ven inmediatamente que se está cumpliendo una promesa. Pero nadie recibe después una cuenta que diga: “Su comida cuesta más por la política de deportaciones.”
La cuenta llega disfrazada y en pequeñas cantidades: unos centavos más por las fresas, un jardinero que ya no aparece, una reparación de la casa que tarda más y cuesta más, un restaurante que reduce sus horarios porque le faltan empleados, un agricultor que deja parte de su cosecha sin recoger.
Quien aplaude la deportación sabe perfectamente qué política está aplaudiendo. Quien meses después paga más por determinados productos o servicios difícilmente relacionará esos dólares adicionales con aquella redada que vio en televisión.
Ahí está la paradoja: el beneficio político tiene nombre, rostro y fotografía; el costo económico llega poco a poco, repartido entre millones de bolsillos y casi siempre sin explicar de dónde vino.
La pregunta no es si habrá consecuencias
Estados Unidos necesita una política migratoria.
Necesita fronteras controladas, reglas claras y mecanismos efectivos para decidir quién entra, quién permanece y quién trabaja legalmente.
Pero necesita también reconocer una realidad que durante décadas republicanos y demócratas toleraron: millones de inmigrantes fueron incorporados de hecho a la maquinaria productiva estadounidense mientras el sistema político permitía que trabajaran y que la economía dependiera de ellos, sin resolver legalmente su situación migratoria.
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Ahora se pretende resolver mediante deportaciones y aplicación de la ley lo que durante décadas no se quiso resolver mediante legislación.
Puede hacerse.
Pero tendrá un precio.
Por eso la pregunta interesante ya no es si la política migratoria producirá efectos económicos.
Los primeros cambios de conducta indican que algunos ya comenzaron.
La verdadera pregunta es:
¿cuándo serán suficientemente grandes, suficientemente visibles y suficientemente cercanos al bolsillo del ciudadano común para que la economía comience a cobrar políticamente la factura?
Ese momento todavía no ha llegado plenamente.
Pero el reloj ya está corriendo.
Alfredo Cuéllar, Ph.D., es profesor universitario retirado, consultor internacional, columnista y autor de Micropolítica: El poder invisible en la vida cotidiana de las organizaciones. Es creador de la disciplina de la Micropolítica: El Ejercicio del Poder, desde cuya perspectiva analiza fenómenos políticos, organizacionales y sociales.
NOTA SOBRE EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Para la preparación de este artículo, el autor utilizó ChatGPT como herramienta de apoyo para la investigación, localización y contraste de fuentes, revisión de datos y edición del texto. La selección del tema, las preguntas planteadas, el enfoque de Micropolítica, las interpretaciones, los argumentos y las conclusiones corresponden al autor, quien revisó y asumió la responsabilidad final por el contenido publicado.
