Despojos
Eduardo Meraz
En el México contemporáneo, el despojo se ha convertido en una palabra que no sólo describe la pérdida material, sino también la mutilación de la esperanza.
En medio del despojo y loa despojos, el gobierno trasformador se debate entre la posibilidad de arrebatar a la sociedad muchos de sus derechos y libertades o apropiarse de los restos dejados por la anterior administración; tremendo dilema para gobernantes carentes de ética y con un sistema judicial proclive a desechar o desvirtuar la ley.
En años recientes, los mexicanos hemos sido testigos como la ambición perversa de funcionarios y sus familiares aprovechan cargos y cercanías para despojar a los ciudadanos de a pie de cualquier esperanza de una mejor calidad de vida, no sólo en términos económicos, sino también en poder hacer valer sus derechos.
Los ciudadanos hemos sido testigos de cómo la ambición perversa de funcionarios y sus familiares, aprovechan la posición para despojar a los mexicanos de cualquier ilusión de movilidad social.
No se trata únicamente de dinero o propiedades: se trata de la posibilidad de ejercer derechos, de la dignidad de saberse protegido por un marco legal que, en teoría, debería ser garante de justicia.
El modus operandi del cuatroteísmo es la apropiación gandalla de bienes materiales, culturales y políticos de la población.
Bienes materiales, culturales, políticos: todo es susceptible de ser arrebatado. Y mientras ellos acumulan, la población queda atrapada en un círculo donde la movilidad social se convierte en un espejismo.
La desigualdad se perpetúa, no por falta de talento o esfuerzo, sino porque las reglas del juego han sido manipuladas para favorecer a unos cuantos.
Este comportamiento, más cercano al de las hienas que al de servidores públicos, se ha hecho evidente en la asociación entre funcionarios, abogados, notarios y grupos delincuenciales; juntos han tejido redes para apropiarse de bienes inmuebles de miles de mexicanos.
No importa si se trata de mansiones lujosas, departamentos de clase media o casas modestas del Infonavit: todo puede convertirse en botín: la rapiña no distingue estratos, sólo oportunidades.
Algunas de las regiones con mayor “demanda”, se localizan en la Ciudad de México, donde existen “familias o cárteles”, con estrechos vínculos con autoridades. Las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez e Iztacalco se han convertido en botín preferido, por su alta rentabilidad.
Allí, el suelo urbano se convierte en campo de batalla, y los ciudadanos en víctimas de un sistema que los expulsa de sus propios hogares.
El derecho a la vivienda, consagrado en la Constitución, se reduce a letra muerta frente al apetito insaciable de quienes ven en cada inmueble una oportunidad de enriquecimiento.
El despojo, sin embargo, no se limita a lo tangible; también se extiende a lo simbólico: la cultura, la memoria histórica, los espacios públicos, todo puede ser arrebatado.
La narrativa oficial habla de transformación, pero en la práctica se trata de una sustitución: se borran símbolos, se reescriben historias, se manipula la memoria colectiva y se acomodan las leyes para legitimar el saqueo, con lo cual el ciudadano pierde no sólo su patrimonio, sino también su identidad.
Los tribunales, lejos de ser guardianes de la legalidad, se muestran proclives a desvirtuar la ley; los procesos se alargan, las pruebas se desestiman, los expedientes se pierden y la impunidad se convierte en norma, y el ciudadano y sus derechos son nulificados
El despojo no sólo es material: es también emocional, porque roba la confianza en las instituciones.
El gobierno se apropia de los restos de legitimidad que dejó la administración anterior, los manipula y los exhibe como trofeos; se presenta como redentor, pero actúa como depredador y en la práctica cotidiana se alimenta de la rapiña.
El dilema es profundo: ¿cómo reconstruir un país cuando el despojo se ha normalizado? ¿Cómo recuperar la confianza cuando las instituciones se han convertido en cómplices?
La respuesta no es sencilla, pero pasa por reconocer que los despojos de regímenes previos sirven ahora para confirmar que el despojo no es un accidente, sino un sistema.
Un sistema que se alimenta de la corrupción, de la impunidad, de la indiferencia; un sistema que convierte al ciudadano en presa y al funcionario en cazador.
El verdadero dilema no está en el gobierno, sino en la ciudadanía: aceptar el despojo como destino o despojarse de los despojos públicos acumulados en el último decenio.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Si la meta es construir 1.8 millones de viviendas en el presente sexenio, ¿cómo es posible que 12 millones de familias se vayan a beneficiar?, según dijo la presidenta Claudia Sheinbaum.
Si nos atenemos a sus cifras, quiere decir que cada vivienda dará cabida a, al menos, seis familias.
