CIA -Langley y soberanía limitada
Orígen: La historia de las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos no se puede entender sin descifrar el quehacer de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que desde su creación con el Acta de Seguridad 1947 evalúa la política interna la Guerra Fría, la penetración de la CIA en la estructura del poder público en México alcanzó niveles de cooptación profunda.
Los casos de los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría Álvarez, junto con otros secretarios de Gobernación de la época, revelan una red de espionaje y colaboración que subordinó decisiones soberanas a los intereses de Washington bajo el código LITEMPO. Este programa secreto de la CIA no solo reclutó a los hombres más poderosos del aparato de seguridad del Estado mexicano, sino que los convirtió en informantes clave.
La paradoja histórica radica en que, mientras el discurso oficial del nacionalismo revolucionario exaltaba la soberanía y la autodeterminación frente al imperialismo, en las oficinas privadas se compartían reportes de inteligencia sensibles, permitiendo que la CIA influyera de manera directa en la represión interna y en la contención de cualquier disidencia política que pudiera alinearse con el bloque soviético o cubano.
Este control político se tradujo en una violenta operación militar y de inteligencia durante las décadas posteriores. En los años ochenta y noventa, el gran enemigo a vencer para la CIA en territorio mexicano fueron los movimientos de izquierda radical y las organizaciones guerrilleras, destacando de manera preponderante la Liga Comunista 23 de Septiembre, el Partido de los Pobres y, posteriormente, el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El papel de la agencia estadounidense fue el de proveer entrenamiento en contrainsurgencia, transferencia de tecnología de escucha, asesoramiento táctico y financiamiento encubierto a la Dirección Federal de Seguridad y a las fuerzas armadas mexicanas para desmantelar estas células. La prioridad era evitar la consolidación de un foco revolucionario en la frontera sur de Estados Unidos. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría y la disolución de los grupos guerrilleros tradicionales, el enfoque de la CIA sufrió una mutación radical.
El antiguo aparato contrainsurgente se reconfiguró para enfrentar al narcotráfico y a las organizaciones criminales transnacionales que pasaron de ser un problema puramente delictivo a ser catalogados como amenazas directas a la seguridad nacional de la región, transformando los antiguos métodos de persecución ideológica en estrategias de interdicción de cargamentos y desarticulación de redes financieras de los capos de la droga.
Coyuntura: En el escenario contemporáneo, esta evolución alcanzó un nuevo punto de tensión bajo el gobierno de Donald Trump, quien colocó la mirada de la inteligencia estadounidense firmemente sobre la frontera sur. El actual director de la CIA nombrado por el mandatario, John Ratcliffe, representa la línea más dura de esta doctrina de seguridad. Ratcliffe, conocido por su perfil combativo y su lealtad a la visión geopolítica de la Casa Blanca, mantiene una postura estricta respecto a las organizaciones del narcotráfico en México.
El jefe de la inteligencia estadounidense concibe a los cárteles mexicanos no como simples bandas criminales organizadas, sino como corporaciones criminales con capacidades paramilitares que amenazan la estabilidad del hemisferio occidental. Ratcliffe argumenta de manera sistemática que el flujo industrial de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense constituye una agresión deliberada que requiere una respuesta de inteligencia agresiva, alejada de las restricciones diplomáticas convencionales y enfocada en la neutralización de los liderazgos criminales mediante operaciones encubiertas de alta intensidad.
Objetivo: Esta visión de la CIA se alinea perfectamente con las directrices estratégicas dictadas desde la Casa Blanca porque la prioridad absoluta de Donald Trump en la lucha contra el crimen organizado transnacional es la destrucción total de los cárteles de la droga mediante una política de asfixia logística y de intervención directa si es necesario. A través de la Estrategia Antiterrorista y de la Estrategia Nacional de Control de Drogas, la administración estadounidense cataloga formalmente a las principales mafias de la droga en México bajo las designaciones de Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.
El objetivo prioritario de Washington no se limita a coordinar esfuerzos binacionales tradicionales, sino que se centra en el desmantelamiento absoluto de los canales de financiamiento, la interceptación marítima y terrestre mediante el uso de la fuerza militar y el combate frontal a la denominada «narcopolítica», persiguiendo judicialmente a funcionarios extranjeros corruptos que facilitan el libre tránsito de sustancias ilícitas como el fentanilo y las metanfetaminas. Para la Casa Blanca, la soberanía territorial pasa a un segundo plano cuando se argumenta la necesidad de proteger la seguridad nacional propia frente a una amenaza que consideran existencial y letal.
