Por: Redacción
Cristina Ruiz Sandoval (PRI) denuncia corrupción, nepotismo y desvío de 43.5 mdp en la administración de Morena en Tultitlán.
Tultitlán, Edo. Méx.- La presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en el Estado de México, Cristina Ruiz Sandoval, lanzó una dura crítica a la administración de Morena en Tultitlán, calificándola como un ejemplo de la «concentración de poder y uso faccioso de las instituciones». En conferencia de prensa, Ruiz Sandoval denunció que el municipio se encuentra sumido en un bache operativo y financiero, resultado de una continuidad política marcada por intereses familiares entre la actual alcaldesa, Ana María Castro Fernández, y su cuñada, la hoy diputada local Elena García Martínez.
La dirigente priista reveló la existencia de la carpeta de investigación TOL/CCF/SPO/107/033891/25/02 ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. La indagatoria se centra en una operación inmobiliaria en San Francisco Chilpan, donde presuntamente se transfirieron 43.5 millones de pesos para la compra de terrenos ejidales sin certeza jurídica. A esto se suman contratos por 72.7 millones de pesos otorgados a una sola empresa y observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por casi 3 millones de pesos debido a falta de comprobación.
En el tema de nepotismo, Ruiz Sandoval fue tajante al señalar que el gobierno se ha convertido en una estructura familiar: mientras tres parientes de la alcaldesa laboran en la administración, el esposo de la exalcaldesa Elena García, José Alfredo Contreras Suárez, funge como secretario del ayuntamiento. “La ciudadanía tiene derecho a preguntar dónde termina el gobierno y dónde empieza el interés familiar”, cuestionó la dirigente.
Mientras estas irregularidades financieras escalan, la población de Tultitlán padece el deterioro de su entorno. Cifras presentadas por el PRI indican que 8 de cada 10 habitantes se sienten inseguros, el 74% sufre por la falta de agua y un abrumador 92% reporta afectaciones por baches. Ante este panorama, el PRI estatal exigió auditorías a fondo y claridad en las investigaciones para garantizar que los recursos públicos se destinen a servicios básicos y no a intereses de grupo.
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