Por: Angélica Armenta
La alcaldesa de Cuauhtémoc demostró, mediante oficios y pruebas documentales, que el Gobierno de la Ciudad de México otorgó permisos de demolición excepcionales bajo el «Acuerdo de facilidades»
Ciudad de México. Tras el trágico colapso de un inmueble en proceso de demolición en la calzada San Antonio Abad, que cobró la vida de tres trabajadores, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ofreció una conferencia de prensa para esclarecer las responsabilidades institucionales. Mediante la exhibición de documentos oficiales, Rojo de la Vega demostró que la demolición contaba con la autorización directa del Gobierno Central de la Ciudad de México y no de la alcaldía, y que este permiso traía consigo obligaciones claras de supervisión, coordinación y garantía de seguridad que recaen en las autoridades centrales.
La alcaldesa detalló que estas autorizaciones se otorgan bajo el amparo del denominado «Acuerdo de facilidades administrativas», un mecanismo excepcional derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017. Según los documentos presentados, en su actualización más reciente de 2025, este acuerdo permite realizar demoliciones incluso sin cumplir con requisitos fundamentales, como contar con un programa de protección civil aprobado. Asimismo, establece que la Secretaría de Vivienda (SEVIVIENDA) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno Central son las instancias responsables de la supervisión y coordinación de estas obras.
Uno de los puntos más críticos expuestos por Rojo de la Vega fue la limitación de las facultades de verificación de la alcaldía. Mostró oficios que acreditan que la Cuauhtémoc ha solicitado visitas de inspección en 6 de los 17 inmuebles actualmente en proceso de demolición bajo este esquema, tras denuncias vecinales. Sin embargo, estas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que la competencia exclusiva de verificación recae en el gobierno de la Ciudad de México. «Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad», aseveró la alcaldesa.
La alcaldesa también abordó la problemática estructural de la verificación en obra, la cual depende del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), un organismo del gobierno central. Rojo de la Vega reveló que, en respuesta a solicitudes formales de acompañamiento para verificaciones, el propio INVEA ha informado que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de las solicitudes de la alcaldía. De octubre de 2025 a la fecha, existen cientos de solicitudes que permanecen sin atención por parte del instituto, lo que genera un vacío de supervisión en materia de protección civil y seguridad estructural en la demarcación.
Ante este escenario, Alessandra Rojo de la Vega reiteró su disposición a colaborar institucionalmente para revisar los mecanismos vigentes y evitar que tragedias como la de San Antonio Abad se repitan. Lamentó que el tema haya sido llevado al terreno político y enfatizó la necesidad de basarse en documentos, normas y hechos. Mientras tanto, la alcaldía brindó apoyo para la atención médica y resguardo de la integridad del único trabajador que sobrevivió al colapso, subrayando que «lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver». La verdad, concluyó la alcaldesa, está sobre la mesa con pruebas documentales.
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