Por: Redacción
La iniciativa presentada en el Congreso capitalino busca separar la economía colaborativa de la explotación comercial masiva
Ciudad de México. La capital del país enfrenta una de sus crisis inmobiliarias más complejas debido al crecimiento descontrolado de las plataformas de hospedaje de corta estancia. Ante este panorama, se ha presentado un Proyecto de Decreto que busca reformar leyes clave como la de Turismo, Vivienda y Establecimientos Mercantiles. La propuesta, impulsada por la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, en voz de Diana Sánchez Barrios, denuncia que la concentración de departamentos destinados exclusivamente al turismo ha provocado una reducción drástica de la vivienda disponible, el encarecimiento de las rentas y el desplazamiento de comunidades originarias en barrios céntricos.
El diagnóstico legislativo señala la existencia de «hoteles encubiertos»: operadores especializados, inmobiliarias y Fideicomisos de Inversión en Bienes Raíces (FIBRA) que diseñan edificios completos para la especulación turística. Esta fragmentación urbana genera centros exclusivos para visitantes y periferias precarizadas para quienes trabajan en la ciudad. La reforma propone reglas claras de seguridad, protección civil y fiscalidad para equiparar las obligaciones de estos operadores masivos con las del sector hotelero establecido, evitando la competencia desleal y el desorden urbano.
Una de las innovaciones de la reforma es la distinción jurídica de dos modelos. Primero, la Estancia Turística Eventual, que clasifica al hospedaje empresarial y exige inmuebles con uso de suelo comercial o mixto. Segundo, el Hospedaje de Corta Estancia entre Particulares, que preserva la economía colaborativa permitiendo a las familias obtener ingresos extra, siempre que el anfitrión resida en el inmueble, registre una sola vivienda y respete el uso de suelo habitacional.
Un punto crítico de la iniciativa es la prohibición de que los desarrollos habitacionales nuevos se destinen al régimen de hospedaje temporal. Con esta medida, se busca proteger el destino social de la vivienda y evitar que la nueva infraestructura urbana sea absorbida por la especulación. A cambio de cumplir con estos requisitos firmes, la reforma plantea eliminar el límite actual de noches de ocupación, argumentando que una regulación técnica sólida hace innecesarias las restricciones artificiales de tiempo.
Finalmente, esta propuesta se alinea con las políticas de habitabilidad de la administración capitalina actual, particularmente con el Bando 1, enfocado en mitigar los efectos de la gentrificación. La premisa legislativa es clara: regular no implica prohibir la actividad turística, sino ordenar el mercado inmobiliario para garantizar que la Ciudad de México siga siendo habitable para sus residentes permanentes, frenando el debilitamiento del tejido social en los barrios históricos.
