Por: Redacción
Tras ser calificada como «aliada criminal» en redes sociales, la diputada Diana Sánchez Barrios anunció acciones legales contra el legislador de Acción Nacional, recibiendo el respaldo total del bloque oficialista.
CIUDAD DE MÉXICO. El ambiente en el Congreso de la Ciudad de México alcanzó un punto de máxima tensión tras el anuncio de la diputada Diana Sánchez Barrios, quien confirmó que interpondrá una denuncia formal por violencia política en razón de género contra el legislador panista Ricardo Rubio.
La confrontación escaló luego de que Rubio publicara en la plataforma «X» mensajes donde calificaba a la diputada y a su madre como «aliadas criminales» y «exconvictas por extorsión». Ante estos señalamientos, Sánchez Barrios fue tajante desde la tribuna: «Capacítese diputado; mi madre y yo no somos extorsionadoras, esa falsa acusación ya fue aclarada y fuimos absueltas», sentenció, subrayando que no permitirá que se utilice su pasado jurídico —ya resuelto— para intimidar su labor legislativa.
La coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente acusó a Rubio de reincidir en conductas agresivas, señalando que el panista cuenta con antecedentes de denuncias por violencia hacia mujeres y otras legisladoras. Con la frase «el que se sube se pasea», Sánchez Barrios advirtió que llevará el caso hasta las últimas instancias legales para sentar un precedente sobre el respeto a la integridad de las mujeres en la política. La legisladora enfatizó que las descalificaciones del PAN no solo son ataques personales, sino intentos de deslegitimar a un movimiento social y gremial que representa a miles de comerciantes en la capital.
En una muestra de unidad parlamentaria, la fracción de Morena cerró filas en torno a Sánchez Barrios. La coordinadora morenista, Xóchitl Bravo, expresó su solidaridad total y condenó el uso de temas sensibles para golpear la integridad de las representantes populares. Bravo fue incisiva al señalar que se intenta politizar expedientes judiciales de los cuales las implicadas ya fueron exoneradas por las autoridades competentes. «Me queda claro que ustedes no son extorsionadoras, son dirigentes de un gremio», afirmó Bravo, asegurando que el grupo mayoritario acompañará a la diputada en las acciones legales que decida emprender.
Finalmente, el caso de Diana Sánchez Barrios retoma relevancia no solo por la disputa partidista, sino por lo que representa en términos de justicia social y reconocimiento gremial. La diputada reafirmó su compromiso con el comercio incluyente y advirtió que no se distraerá de su agenda legislativa a pesar de los ataques.
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