El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó como “inaceptable y pésima” la reforma a la Ley de Aduanas promovida por Morena, al advertir que la propuesta militariza las operaciones aduaneras, impone sanciones desproporcionadas y pone en riesgo el comercio exterior, que representa el 67% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
Moreira señaló que la bancada priista votará en contra de lo que definió como una reforma con fines recaudatorios y sin medidas efectivas para mejorar la administración aduanera o fortalecer la competitividad del país. Recordó que las aduanas generan el 30% de la recaudación federal, por lo que endurecer de manera excesiva el marco regulatorio puede afectar no solo a grandes exportadores, sino también a Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES).
El legislador detalló que las modificaciones contemplan sanciones de hasta 250% o 300% del valor de las mercancías, lo que, dijo, podría ser inconstitucional conforme al artículo 22 de la Constitución. Además, advirtió que la iniciativa contraviene compromisos internacionales como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) y el T-MEC.
Reforma, un distractor
Moreira también acusó al oficialismo de utilizar la reforma como distractor frente a los señalamientos de corrupción y al llamado “huachicol fiscal”. Subrayó que, al imponer obligaciones como la presentación de declaraciones patrimoniales a agentes aduanales —que son particulares y no servidores públicos—, se vulneran principios básicos de transparencia y rendición de cuentas.
En su posicionamiento, advirtió que la militarización de las aduanas abre la puerta a la delincuencia organizada y al contrabando, al carecer de controles civiles, auditorías externas y mecanismos de denuncia protegida. A su juicio, un marco restrictivo puede derivar en menor recaudación, freno a las exportaciones y pérdida de empleos en sectores ligados a cadenas globales de valor.
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El exgobernador de Coahuila reiteró que el PRI no respaldará una reforma que, dijo, castiga con igual severidad a defraudadores fiscales y a contribuyentes con errores administrativos menores, lo que podría llevar a la quiebra a miles de PYMES.
