Por: Isabella Lopeznájera

La sobrepoblación en los centros penitenciarios de México se ha convertido en un problema crítico con profundas implicaciones en derechos humanos, seguridad y economía.

Datos del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) revelan que el 47.3% de las prisiones del país están sobrepobladas, con un excedente de 13,641 personas privadas de la libertad que viven en condiciones inadecuadas.

Impacto económico y social

El hacinamiento penitenciario representa un alto costo para el Estado. Mantener a miles de reos en condiciones de sobrecupo exige mayores recursos para alimentación, seguridad y servicios básicos, lo que desvía fondos de otras áreas prioritarias como salud y educación. A largo plazo, la falta de infraestructura adecuada solo agrava el problema.

Violación de derechos humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado que la sobrepoblación genera condiciones insalubres y propicia abusos, violencia y extorsión dentro de las cárceles. La escasez de recursos también impacta en el acceso a atención médica, lo que provoca diagnósticos tardíos y tratamientos deficientes.

Un riesgo para la seguridad

Lejos de cumplir su función de reinserción, muchas prisiones se han convertido en centros de adoctrinamiento criminal. La falta de control efectivo permite que los internos establezcan redes delictivas, lo que incrementa la criminalidad tanto dentro como fuera de los penales. La ineficacia en la administración penitenciaria agrava la situación.

Un problema que exige soluciones urgentes

Actualmente, de los 285 centros penitenciarios en el país, 135 están sobrepoblados. Esto significa que el 5.8% de los 231,907 reos no cuentan con un espacio digno de reclusión. Ante este panorama, especialistas y organismos de derechos humanos instan a reformar el sistema penitenciario, mejorar la infraestructura y reforzar programas de reinserción social efectivos.

La crisis carcelaria en México requiere una respuesta coordinada entre autoridades, operadores de justicia, sociedad civil y organizaciones de derechos humanos. Sin medidas urgentes, el hacinamiento en las prisiones seguirá siendo un obstáculo para la seguridad y el desarrollo del país.