¿Persecución institucional?
Por Mario Díaz
- Castigo a jueza que tuvo la “osadía” de enfrentar a la Cuarta Transformación
- También denunció a magistrada que tiene una “relación afectiva” con exministro
- Recorte presupuestal afectará capacidad operativa de la Suprema Corte y del CJF
H. Matamoros, Tamaulipas.- Por más que se esfuerce el gobierno de la Cuarta Transformación en desligarse del caso, la realidad es que la sanción que le fue impuesta a la jueza federal, NANCY JUÁREZ SALAS, es la respuesta oficial por haber ordenado eliminar del Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto de la reforma al Poder Judicial.
Contando con la complicidad de los integrantes de la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la 4T hizo pagar su “osadía” a la jueza de Distrito en el Juzgado Décimo Noveno de Distrito en el estado de Veracruz, con residencia en el municipio de Coatzacoalcos.
La sentencia de 90 días de suspensión sin goce de sueldo, de acuerdo al CJF obedece a un proceso que se inició en el año 2022 derivado de una denuncia que hicieron doce servidores públicos en su contra cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Especializado en Juicios de Cuantía Menor en Cancún, Quintana Roo.
Extrañamente-o quizás no-los ministros del Consejo de la Judicatura Federal determinaron, dos años después, que la jueza NANCY JUÁREZ SALAS que la juzgadora federal se excedió en sus funciones, otorgándoles la razón a los denunciantes.
JUÁREZ SALAS continuará laborando normalmente en el Juzgado Décimo Noveno de Distrito hasta el 30 de diciembre y, posteriormente, se ausentará del cargo durante los primeros 90 días del año próximo para cumplir con la sentencia de la Comisión Disciplinaria del CJF.
Aunque con pocas posibilidades de éxito dado el sometimiento del Poder Judicial de la Federación por parte del gobierno morenista que encabeza CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, la togada con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, impugnará la sentencia dictada en su contra.
Desde cierta óptica, por supuesto que le asiste la razón a JUÁREZ SALAS al etiquetar como “una persecución institucional” la resolución del Consejo de la Judicatura Federal ante la presión ejercida por el segundo piso de la Cuarta Transformación.
La jueza federal “castigada” con 90 días de suspensión sin goce de sueldo asegura que la “persecución institucional” también deriva de la denuncia que presentó ante el CJF relativa a una red de corrupción e infinidad de atropellos del entonces ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ARTURO SALDÍVAR.
NANCY JUÁREZ le “puso el cascabel al gato” al afirmar que uno de los actos denunciados fue en contra de la magistrada MARISOL CASTAÑEDA PÉREZ por presuntos actos de corrupción en el Juzgado y en contra de quien fungía como Secretario amparado en una cédula profesional apócrifa.
De acuerdo al dicho de la todavía titular del Décimo Noveno Juzgado de Distrito, CASTAÑEDA PÉREZ salió bien librada de la denuncia gracias a la “relación afectiva” que sostiene con el ahora ex presidente de la SCJN.
¿Cómo la ve?
LA CORTE Y EL CONSEJO ALERTAN SOBRE REDUCCIÓN PRESUPUESTAL Y POSIBLE IMPACTO EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
Comunicado:
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal expresan su preocupación por el Proyecto de Presupuesto para 2025, en el que se plantea una reducción de 714 millones 400 mil pesos, es decir, 12.06% menos que lo solicitado para la Corte; y de 13 millones 117 mil pesos, 17.45 % menos, para el Consejo de la Judicatura.
8 de cada 10 pesos solicitados corresponden al capítulo 1000 (sueldos, salarios y prestaciones) principalmente, por lo que una reducción como la que se está planteando afectará la continuidad operativa de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal; y además, pone en riesgo el cumplimiento de los derechos laborales de los y las trabajadores.
La Corte se vería obligada a reducir el número de plazas por el previsible ajuste en su estructura o en las prestaciones consideradas en las condiciones generales de trabajo. En el caso del Consejo de la Judicatura Federal, el recorte presupuestal podría provocar el cierre de Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, así como la reducción de la plantilla laboral, lo que redundaría inmediatamente en una afectación al derecho de acceso a la justicia de las y los mexicanos.
Cabe recordar que en el Decreto de Reforma al Poder Judicial de septiembre de este año se asegura que “los derechos laborales de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Federación y de las entidades federativas serán respetados en su totalidad”, lo cual no ocurriría con un ajuste como el que se plantea.
Un recorte presupuestal de esta magnitud afectará la implementación de diversas reformas constitucionales en marcha-laboral, penal, civil, familiar y de mecanismos alternativos-así como de la propia reforma judicial, pues los recursos solicitados incluyen previsiones necesarias para la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial”.
Hasta ahí el comunicado.
DESDE EL BALCÓN:
I.-La “persecución institucional” a la jueza que tuvo la “osadía” de ordenar el retiro de la publicación del decreto de reforma judicial del Diario Oficial de la Federación y el pleito interno de los coordinadores morenistas en la Cámara de Diputados y Senado, RICARDO MONREAL y ADÁN AUGUSTO HERNÁNDEZ, respectivamente, son acciones que demeritan a la 4T.
Sin embargo, para buena fortuna del partido en el poder, la oposición prácticamente está borrada del territorio nacional.
Y hasta la próxima.
