Supremacía constitucional
Cámara de Diputados: La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados se declaró en reunión permanente para revisar el dictamen de la «supremacía constitucional», con el cual Morena y sus partidos aliados PT y PVEM harán inatacables sus reformas constitucionales.
Se trata de la discusión del dictamen a la minuta con proyecto que reforma el artículo 107 y adiciona un quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política, en materia de inimpugnabilidad de las adiciones o reformas a la Constitución federal. Diputadas del PAN y MC cuestionaron el procedimiento y acusaron una violación al Reglamento de la Cámara de Diputados al no convocar con tiempo a la reunión y no distribuir el dictamen con anticipación para su análisis.
Por otra parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama afirmó que la reforma judicial es para democratizar al único de los tres poderes de la Unión, que es ajeno a la voluntad popular. Por primera vez los jueces tendrán que rendir cuentas a la población y explicar sus sentencias, haciéndolas claras y entendibles, afirmó. Lo anterior lo dijo tras recibir la medalla Emilio Krieger 2024 por parte de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que anualmente la entrega a quienes se distinguen por un ejercicio profesional de la abogacía, comprometido con la promoción y defensa de los derechos humanos, colectivos e individuales, y por las libertades democráticas.
Entrevistada antes de la ceremonia realizada en el Teatro del Pueblo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Batres Guadarrama informó que la SCJN deberá designar al comité de cinco personas que, a nombre del Poder Judicial de la Federación (PJF), elegirán a quienes propondrán como candidatos a ministros, jueces y magistrados. Expuso que los ministros que integran la Corte ya fueron notificados por parte de la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, para hacer propuestas de juristas decentes, honestos y luchadores por México.
Entre otras cosas: En el mismo tema, el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, propone a la SCJN invalidar la elección de jueces y magistrados federales y mantener a los nueve Ministros que ocuparán el Pleno en el 2025, conforme a la reforma judicial que ya fue publicada en el DOF. En su proyecto de sentencia, sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la reforma constitucional al poder judicial por los partidos PRI, PAN y Movimiento Ciudadano, propone desechar la figura de los jueces sin rostro y el método de selección de los jueces que llevarían a cabo los Comités de Evaluación.
«El sistema analizado, no genera condiciones mínimas de seguridad jurídica. No hay certeza para los aspirantes a los cargos, de las cualidades que serán definitorias para poder ser incluidos en las listas ni sobre las maneras en que será equitativo hacer uso de espacios públicos ni el tipo de contenido para las campañas», plantea el Ministro. «No hay certeza para la ciudadanía, sobre los perfiles que estarán en una lista masiva y con un sistema que no ofrece garantías para que se emita un voto informado. No hay certeza sobre los perfiles de los jueces que impartirán justicia, sus obligaciones y sus libertades», agrega el ministro.
«En la elección popular de jueces, tanto el sistema de postulación de candidaturas como el sistema de listas para la votación, corrompen los fundamentos de nuestra República representativa y democrática», sin precisar cuáles son esos fundamentos.
Posición: El ministro González advierte que no hay certeza en el régimen de postulación de candidaturas y el sistema de listas masivas no permite ejercer un voto libre e informado, ni refleja las preferencias electorales para un determinado órgano jurisdiccional. Señala que el decreto impugnado contiene normas generales y por lo tanto, la SCJN está facultada para conocer de la acción en la que se plantea la inconstitucionalidad del decreto impugnado.
Por lo que plantea: “Invalidar el régimen transitorio implementado en el decreto impugnado, que tiene como objetivo cesar masivamente a las personas juzgadoras de distrito y de circuito del Poder Judicial de la Federación que accedieron al cargo mediante carrera judicial, así como reducir el salario que actualmente perciben”.
«Se analiza el régimen transitorio a partir del cual se cesan a las magistraturas electorales antes de que terminen el periodo para el cual fueron nombradas. Ese régimen transitorio se invalida, porque viola los principios de independencia y autonomía judicial, que exigen que se siga un procedimiento normado en ley y con garantías de debido proceso, antes de cesar a un magistrado», añade en una nota ejecutiva.
“Las disposiciones que regulan el acceso a magistraturas electorales mediante voto popular se mantendrían, debido a que «el sistema no vulnera los principios representativos y democráticos de nuestra forma de gobierno, porque no son las elecciones masivas, lo que permite un voto libre e informado ni se pueden confrontar perfiles para un mismo órgano jurisdiccional”.
Se invalidaría también la obligación a las entidades federativas de instaurar un sistema de acceso a los cargos de jueces locales mediante voto popular. Respecto al Órgano de Administración Judicial, el ministro González invalida su facultad de «ocultar la identidad de los jueces, porque viola sus derechos humanos, en concreto, las garantías de debido proceso». Sobre las medidas relacionadas con el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, propone “invalidar solo las limitaciones establecidas a las suspensiones y efectos de los juicios de amparo en los que se impugnen normas generales”.
