Por: Gilberto Solorza
Uruguay se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia mediante un proceso legislativo, tras la aprobación en el Senado del proyecto de ley “Muerte Digna”.
La legislación permite que adultos con capacidad mental plena y enfermedades incurables o sufrimiento extremo opten por una muerte asistida. Médicos y autoridades supervisan el procedimiento bajo estrictos controles que garantizan la transparencia y el respeto a la autonomía del paciente.
La aprobación se dio luego de cinco años de debate parlamentario y la mayoría del Senado respaldó la ley, con un apoyo del 62% de la población según encuestas. Uruguay se distingue de otros países de la región, donde la eutanasia se ha permitido únicamente mediante fallos judiciales. La ley garantiza que los pacientes enfrenten su final de vida de manera ética, segura y legal.
Requisitos y procedimiento de la ley
Solo pueden acceder a la eutanasia mayores de edad, con plena capacidad psíquica y en etapa terminal de una enfermedad incurable o con sufrimientos insoportables. También se consideran aquellas personas con un deterioro progresivo y grave de su calidad de vida. Los pacientes deben presentar una solicitud personal, escrita y firmada ante un médico, quien verifica la capacidad mental y la voluntariedad antes de iniciar el proceso.
Los médicos realizan una doble evaluación, y si hay discrepancias, una junta colegiada revisa el caso. La declaración de la voluntad debe hacerse ante dos testigos que no tengan beneficio económico por el fallecimiento. El procedimiento contempla ocho pasos, desde la solicitud hasta la supervisión del Ministerio de Salud Pública y la comunicación a la Fiscalía General. Esto asegura que el proceso sea seguido con transparencia y cumpla la ley.
El paciente puede retractarse en cualquier momento antes de la eutanasia. Además, entrevistas informativas explican el diagnóstico, opciones terapéuticas alternativas y cuidados paliativos, confirmando que la decisión sea consciente y definitiva. Con estas medidas, la ley protege la autonomía del paciente y evita cualquier presión externa.
Apoyo y oposición social y política
Sectores progresistas, organizaciones de derechos humanos, asociaciones médicas, activistas por la dignidad y la mayoría de partidos de izquierda y centro apoyaron el proyecto. La sociedad civil y la opinión pública también respaldaron la ley, defendiendo el derecho a decidir sobre el final de la propia vida. Esto consolidó un consenso amplio a favor de la regulación.
Por su parte, la oposición vino de grupos conservadores y religiosos, principalmente la Iglesia Católica, que argumentaron que la eutanasia atentaba contra la vida y los valores morales. Sectores tradicionalistas manifestaron preocupación por la protección de los más vulnerables y los posibles efectos culturales y éticos de la legalización. Estos debates plantearon la necesidad de equilibrar derechos individuales con protección social.
Antecedentes y contexto regional
El debate en Uruguay se intensificó en los últimos cinco años, impulsado por casos emblemáticos como los de Pablo Cánepa y Fernando Sureda. Ambos padecían enfermedades incurables y defendieron su derecho a morir con dignidad, lo que sensibilizó a la sociedad y al parlamento sobre el sufrimiento extremo de los pacientes terminales.
En otros países latinoamericanos, Colombia y Ecuador permiten la eutanasia mediante fallos judiciales, mientras Chile y Argentina aún debaten su regulación. México ha avanzado en la regulación de la eutanasia para pacientes terminales y ha iniciado discusiones sobre la eutanasia activa. Esta tendencia refleja un interés creciente en la región por garantizar el derecho a una muerte digna y proteger la autonomía de las personas frente a enfermedades incurables.
