Por: Gilberto Solorza
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó el 15 de septiembre de 2025 una demanda por difamación contra The New York Times y cuatro de sus periodistas en el Tribunal de Distrito de Florida.
El mandatario exige una indemnización de 15 mil millones de dólares y acusa al diario y a la editorial Penguin Random House de impulsar publicaciones que, asegura, dañaron su reputación personal, empresarial y política en el periodo previo a las elecciones de 2024.
Los argumentos de la demanda y la defensa del diario
Trump incluyó entre los señalados a The New York Times Company, a los periodistas Susanne Craig, Russ Buettner, Peter Baker y Michael S. Schmidt, así como a Penguin Random House, editorial que publicó Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father’s Fortune and Created the Illusion of Success. Este libro, escrito por Craig y Buettner, sostiene que la fortuna de Trump no provino de su habilidad empresarial, sino de la herencia paterna y de los ingresos obtenidos como estrella televisiva. También documenta supuestas irregularidades fiscales y tendencias autoritarias.
El presidente acusa a los demandados de actuar con “malicia real” y de servir como portavoz del “Partido Demócrata de Izquierda Radical”. Asegura que estas publicaciones le provocaron pérdidas económicas y afectaron su carrera política.
The New York Times respondió de inmediato y rechazó las acusaciones. Calificó la querella como “infundada” y como un intento de intimidar a la prensa independiente. El diario defendió el rigor de sus reportajes y recordó que la Primera Enmienda protege la investigación y el cuestionamiento a figuras públicas.
Implicaciones políticas y reacción pública
La acción legal refuerza la narrativa de Trump como víctima de una persecución mediática, lo que fortalece su base política y desvía la atención de otros temas. Sin embargo, expertos legales advierten que el caso tiene pocas probabilidades de prosperar, ya que el presidente debe demostrar “malicia real”, un estándar difícil de acreditar en los tribunales estadounidenses.
La opinión pública refleja la polarización que domina la política del país. Los sectores pro-Trump celebran la demanda como una defensa legítima frente a los grandes medios, mientras que críticos y defensores de la libertad de prensa la ven como una amenaza para el periodismo independiente.
Más allá de lo jurídico, el proceso funciona como termómetro del clima político en Estados Unidos: la Casa Blanca se enfrenta de nuevo a los medios, las divisiones sociales se profundizan y el relato político se disputa hasta en los tribunales.
En este escenario, Trump parece dispuesto a convertir una querella de 15 mil millones de dólares en algo más que una batalla legal: un espectáculo nacional en el que, gane o pierda, ya logró el objetivo de mantener todas las miradas sobre sí.
