La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, anunció la ampliación del programa de Licencia Permanente para que pueda tramitarse durante todo el 2026, medida incluida en el Paquete Financiero de la administración y ordenada en respuesta a la demanda ciudadana.
Desde su reintroducción —el 16 de noviembre del año anterior— se han expedido más de un millón de licencias permanentes, con ingresos que superan los 2,000 millones de pesos destinados a un fideicomiso exclusivo para proyectos de movilidad.
Brugada explicó que la licencia permanente forma parte de una visión de ciudad orientada a la eficiencia administrativa y a la reducción de trámites, además de habilitar una fuente de financiamiento directo para obras y programas de movilidad. Las autoridades resaltaron que los recursos se concentrarán en tres ejes: movilidad no motorizada, seguridad vial y fortalecimiento del transporte público.
En cifras: hasta octubre/noviembre de 2025 se registran más de 1.3 millones de licencias pagadas —variable reportada por la Secretaría de Finanzas y por medios— y una recaudación que ronda los 2,012 millones de pesos, monto que, según el secretario de Administración y Finanzas, se canaliza al fideicomiso para infraestructura y mejoras en el sistema de movilidad.
El destino concreto de esos recursos incluye proyectos puntuales que la administración enumeró: 66 cruces escolares seguros, 116 cruces conflictivos identificados por la Secretaría de Movilidad, la expansión de Ecobici con 600 nuevas estaciones y la duplicación del parque de bicicletas, la adquisición de 100 autobuses eléctricos para RTP, la creación de circuitos locales de RTP para atender periferias y pueblos originarios, y la transformación y mejora de CETRAMs. Estas iniciativas priorizan seguridad, sustentabilidad, accesibilidad universal y recuperación del espacio público.
Sobre la atención al usuario, las autoridades aseguraron que la digitalización y la ampliación de citas han permitido acelerar trámites y reducir tiempos de espera; además, la jefa de Gobierno indicó que no habrá incremento en el costo del trámite para 2026 y convocó a la ciudadanía a programar su trámite con calma durante el año. Estas medidas se presentan como un equilibrio entre facilitar el servicio y mantener la fuente de recursos para inversiones en movilidad.
La ampliación del programa y el uso de los recursos a través del fideicomiso abren el debate público sobre prioridades de inversión y transparencia en la asignación de obra pública. Analistas y grupos ciudadanos vigilarán la ejecución presupuestaria para confirmar que los más de 2,000 millones se traduzcan en mejoras medibles en seguridad vial y transporte colectivo, especialmente en zonas periféricas y entornos escolares con riesgo elevado.
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