La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue condenada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a cubrir una indemnización que podría superar los 47 millones de pesos, tras acreditarse afectaciones graves y reiteradas a los derechos académicos de un profesor de la Facultad de Derecho, en un caso que abre un precedente inédito sobre la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito universitario.

La resolución fue emitida por la 14ª Sala Regional del TFJA en la Ciudad de México, que determinó procedente la reclamación presentada por el doctor Raúl Eduardo López Betancourt, quien denunció haber sido separado de manera ilegal de cargos académicos clave, incluidos la presidencia del Tribunal Universitario, su posición como decano del Consejo Técnico y sus cátedras de licenciatura y posgrado.

De acuerdo con la sentencia, el daño reclamado deriva de una serie de decisiones administrativas adoptadas en 2022, sustentadas en una denuncia que posteriormente no prosperó en sede judicial. Pese a ello, el tribunal concluyó que la universidad mantuvo medidas que prolongaron la suspensión de sus actividades académicas, aun cuando el profesor fue exonerado de las imputaciones en su contra.

El fallo también cuestiona la forma en que la UNAM dio cumplimiento a comunicaciones del Ministerio Público Federal relacionadas con medidas cautelares, al advertir que dichas instrucciones no resultaban vinculantes para los órganos universitarios y que su contenido estaba protegido por normas de confidencialidad.

Con más de cinco décadas de trayectoria docente y una extensa producción académica, López Betancourt argumentó que el trato recibido no solo vulneró sus derechos laborales y profesionales, sino que tuvo un impacto agravado por su edad y condición de persona adulta mayor. Estos elementos, señaló el tribunal, deberán ser considerados en la cuantificación final de la indemnización.

La sentencia, dictada el 5 de enero de 2026, ordena a la UNAM admitir formalmente la reclamación y desarrollar el procedimiento para determinar el monto definitivo del pago, lo que coloca a la máxima casa de estudios del país ante un escenario de alto impacto jurídico, financiero e institucional.