A dos semanas de haber sido nombrada por unanimidad al frente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX), María Dolores González Sarabia enfrenta cuestionamientos por no pronunciarse ante los hechos de violencia registrados durante la marcha de la llamada Generación Z, donde elementos de la policía capitalina reprimieron a manifestantes en el Zócalo.
El diputado federal y vocero del GPPAN, Federico Döring, sostuvo que el respaldo unánime que recibió en el Congreso obliga a la nueva ombudsperson a responder a todas las fuerzas políticas y no a alinearse con el poder ni con Morena.
“Nadie se opuso a su nombramiento, y eso la obliga a actuar con independencia. No puede estar al servicio del poder político”, señaló.
Döring afirmó que González Sarabia “no le debe su cargo a la mayoría artificial de Morena y aliados”, y acusó que la CDHCDMX ha mantenido un “silencio cómplice” tras la difusión de imágenes donde policías capitalinos golpearon y sometieron con violencia a manifestantes el pasado sábado. Agregó que, hasta ahora, la Comisión tampoco ha emitido un pronunciamiento preliminar ni una investigación de oficio.
El legislador también criticó la falta de respuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de su titular, Rosario Piedra, al señalar que ni siquiera ha habido un mensaje público sobre la represión registrada en la plaza pública.
El diputado federal panista Héctor Saúl Téllez lamentó que la Comisión local permanezca en silencio pese a los golpes, agresiones y el uso excesivo de la fuerza documentados durante la manifestación. “Había personas sosteniendo banderas que fueron pateadas en el piso, y González Sarabia no dice nada”, reprochó.
Téllez advirtió que la falta de pronunciamiento “traiciona su mandato”, al no cumplir ni un mes en el cargo. “Estamos viendo que esos 60 votos que la respaldaron están siendo defraudados”, afirmó.
Los legisladores del PAN exigieron tanto a la CDHCDMX como a la CNDH fijar una postura clara y colocarse del lado de las víctimas, y no del “gobierno represor de Clara Brugada”, al que compararon con las prácticas del exjefe de Gobierno, Martí Batres.
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