Por: Redacción
El Senado avala reducción de regidurías, topes salariales en el INE y un recorte progresivo del 15% al presupuesto de la Cámara Alta.
Ciudad de México. En una sesión marcada por el debate sobre la austeridad y el federalismo, la Cámara de Senadores aprobó con mayoría calificada el dictamen de reforma constitucional en materia electoral. El proyecto, enviado a la Cámara de Diputados, establece cambios estructurales en los tres niveles de gobierno, destacando la reducción de regidurías en los municipios, topes presupuestales a legislaturas locales y la homologación salarial de las autoridades electorales con el ingreso de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Un punto crítico de la discusión fue la modificación al artículo 35 constitucional. Tras una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García (PT), el Pleno aceptó suprimir los cambios relativos a la Revocación de Mandato, manteniendo esta figura en sus términos vigentes. El argumento central fue evitar que dicho mecanismo se mezcle con procesos electorales ordinarios, lo que, según la legisladora, podría distorsionar su sentido democrático y el empoderamiento ciudadano original.
En el ámbito municipal, la reforma redefine la integración de los ayuntamientos, los cuales ahora podrán conformarse por una sola sindicatura y un máximo de quince regidurías. Asimismo, se impuso un candado financiero a las legislaturas estatales: su presupuesto anual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de su entidad federativa. Esta medida busca optimizar el gasto público y estandarizar la operación de los congresos locales bajo principios de racionalidad.
Respecto a la alta burocracia electoral, el dictamen es tajante: ningún consejero del INE, magistrado o titular de órganos administrativos en tribunales locales podrá percibir una remuneración mayor a la de la presidenta Claudia Sheinbaum. Por su parte, el propio Senado de la República se autoimpuso un plan de austeridad progresiva en sus artículos transitorios, comprometiéndose a una reducción acumulada del 15% de su presupuesto anual en un periodo de cuatro ejercicios fiscales.
La oposición manifestó posturas encontradas. Mientras el PAN y el PRI acusaron un intento de «concentrar el poder» y vulnerar la autonomía de los estados al decidir la integración de los cabildos desde el centro, Movimiento Ciudadano calificó la reforma como un retroceso que beneficia al partido en el poder. En contraste, Morena y sus aliados defendieron que la reforma transforma el ejercicio del poder y elimina «castas privilegiadas», reafirmando que el mandato debe estar sujeto al escrutinio constante del pueblo.
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