Por: Gilberto Solorza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó por unanimidad el amparo directo en revisión 6321/2024 que presentó Ricardo Salinas Pliego, y ordenó a Grupo Elektra pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un adeudo fiscal de 33 mil 306 millones de pesos correspondiente a 2013. Con esta resolución, el máximo tribunal cerró una de las últimas vías legales del empresario y marcó un punto de inflexión en una disputa que lleva más de 17 años en tribunales.
Un litigio que se arrastra desde 2008
El conflicto entre el SAT y Grupo Salinas empezó en 2008, cuando el fisco auditó el esquema de consolidación fiscal que el conglomerado usaba para transferir pérdidas y diferir impuestos entre sus empresas. Desde entonces, Elektra, TV Azteca y otras filiales han presentado decenas de amparos y recursos para evitar el pago de impuestos, recargos y multas, alegando interpretaciones abusivas de la ley. Las autoridades tributarias confirmaron las omisiones fiscales en 2016, y desde ese año los casos escalaron hasta llegar a la Suprema Corte.
La sentencia de la SCJN consolidó una nueva postura judicial frente a las grandes corporaciones, enfocada en cerrar espacios de evasión o elusión mediante figuras fiscales extintas, como la consolidación. Además, abrió la puerta para que el SAT ejecute el cobro forzoso del crédito fiscal, lo que significaría uno de los ingresos más altos que el Estado mexicano ha obtenido a través de un litigio tributario.
Con este fallo, Salinas Pliego perdió prácticamente toda capacidad de defensa legal en el ámbito fiscal. La Corte resolvió en el mismo sentido otros amparos relacionados, fortaleciendo la posición del SAT y reduciendo el margen para nuevos recursos. La resolución también envía un mensaje de mayor firmeza institucional frente a los grandes contribuyentes y marca un precedente clave en la política fiscal del país.
Crisis bursátil y desplome del valor de Elektra
El fallo llega en medio de un deterioro sostenido en el desempeño financiero de Grupo Salinas. En 2024, Grupo Elektra suspendió temporalmente la cotización de sus acciones en la Bolsa Mexicana de Valores por la incertidumbre derivada de los litigios fiscales y las acusaciones de falta de transparencia. Cuando reanudó la negociación en diciembre de ese año, los títulos cayeron 71%, alcanzaron su nivel más bajo desde 2007 y borraron una parte significativa del patrimonio de Salinas Pliego.
Entre julio y diciembre de 2024, el precio por acción cayó de cerca de 945 pesos a menos de 290, lo que provocó pérdidas superiores a 100 mil millones de pesos en el patrimonio bursátil del empresario. Analistas financieros advierten que esta caída responde tanto a los riesgos legales como a una crisis de confianza corporativa, agravada por rumores de salida del mercado bursátil y presuntas irregularidades en la pignoración de acciones.
La resolución de la SCJN acentuó esta tendencia negativa. Los inversionistas perciben que el conglomerado enfrenta un alto nivel de riesgo financiero, con posibles afectaciones a su flujo de efectivo y a la estabilidad de sus empresas principales. El mercado ha reaccionado con cautela ante cada revés judicial, reflejando una desconfianza generalizada hacia la estructura financiera de Grupo Salinas.
Presiones legales en México y Estados Unidos
A los litigios fiscales en México se suma un juicio en la Corte Suprema del Estado de Nueva York, donde Grupo Salinas enfrenta reclamos por el impago de bonos de TV Azteca emitidos en 2017, cuyo valor asciende a 580 millones de dólares. Acreedores estadounidenses promovieron el proceso y buscan embargar activos del grupo en el extranjero, lo que compromete aún más su posición financiera.
El juez Paul G. Gardephe fijó noviembre de 2025 como fecha límite para que la defensa del empresario presente mociones que frenen el juicio, que podría iniciar formalmente en diciembre. Los bonos se emitieron en mercados estadounidenses y están bajo supervisión de The Bank of New York Mellon, lo que refuerza la jurisdicción de ese tribunal. El incumplimiento podría abrir la puerta a nuevas acciones legales en otras cortes internacionales.
Las presiones legales en México y Estados Unidos colocan a Grupo Salinas en un escenario de vulnerabilidad estructural. Expertos consideran que los juicios fiscales y financieros simultáneos pueden poner en riesgo la continuidad de algunas operaciones y la estabilidad de su portafolio de empresas. En paralelo, el grupo anunció que busca renegociar deudas o recurrir a acuerdos para evitar el colapso de su liquidez.
Salinas Pliego busca blindarse con discurso político
En medio de esta crisis, Ricardo Salinas Pliego ha insinuado su interés en contender por la presidencia de México en 2030 y afirma que enfrenta una “persecución gubernamental” motivada por intereses políticos y económicos. En sus declaraciones públicas, el empresario adoptó un discurso contra la hegemonía de la izquierda y busca proyectarse como defensor del libre mercado y de la iniciativa privada.
Analistas políticos interpretan esta estrategia como un intento de reconfigurar su imagen pública y ganar respaldo social en defensa de su imperio empresarial. Las encuestas más recientes lo ubican entre los empresarios con mayor reconocimiento dentro de la oposición, aunque su figura divide entre simpatizantes y críticos por su historial fiscal y mediático.
El futuro de Salinas Pliego y de su conglomerado dependerá de su capacidad para responder a las exigencias legales y financieras en curso. Con el fallo de la SCJN y los litigios internacionales activos, el empresario enfrenta uno de los momentos más complejos de su trayectoria: un imperio bajo asedio judicial, una reputación deteriorada ante los mercados y un horizonte político incierto que definirá el destino de sus empresas en los próximos años.
