Por: Fernando Dávila

La reciente aprobación de la Reforma Infonavit por la Cámara de Diputados busca ampliar el acceso a la vivienda para los trabajadores con bajos ingresos mediante la creación de una empresa filial que gestionará los ahorros acumulados en sus subcuentas de vivienda.

Sin embargo, esta medida ha generado inquietudes sobre la administración de los fondos y su impacto en los derechohabientes.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) administra los recursos de los empleados del sector privado con el objetivo de facilitarles la adquisición de una casa. Las aportaciones patronales equivalen al 5% del salario diario de cada trabajador, acumulándose en una subcuenta de vivienda.

Con esta reforma, más de 77 millones de trabajadores contribuirán a la conformación de un Fondo Nacional para la Vivienda, que reunirá aproximadamente 2.2 billones de pesos, según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar). Este capital será utilizado para la compra y renta de viviendas con costos que oscilan entre los 300 mil y 500 mil pesos.

No obstante, la medida ha suscitado preocupaciones entre los derechohabientes, quienes antes podían disponer de sus subcuentas para obtener un crédito hipotecario, garantizar el pago de una deuda o incluso destinar los recursos a su pensión.

El principal riesgo radica en la viabilidad del modelo: si la administración de los fondos resulta ineficiente o la renta de viviendas no genera los ingresos esperados, el sistema podría volverse insostenible, comprometiendo los ahorros de millones de trabajadores afiliados al IMSS.