Un dictamen plantea que la ASF revise recursos federales, contratos de servicios y obras públicas del gobierno de Nuevo León; Samuel García ha rechazado irregularidades.
CIUDAD DE MÉXICO.— El manejo de recursos federales transferidos al gobierno de Nuevo León podría quedar bajo una revisión más amplia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de que la Primera Comisión de la Comisión Permanente aprobara un dictamen que plantea solicitar una auditoría integral sobre su ejercicio, con especial atención a contratos de servicios y obras públicas.
El documento, aprobado el 12 de agosto, parte de señalamientos públicos sobre presuntos sobrecostos y posibles irregularidades en operaciones relacionadas con proveedores de la administración estatal. Sin embargo, no establece responsabilidades ni acredita la comisión de delitos.
La propuesta pide a la ASF analizar los recursos federales entregados a Nuevo León y, a partir de los resultados de la fiscalización, determinar si existen elementos para deslindar responsabilidades o promover acciones ante las autoridades correspondientes.
Contratos y proveedores estarían bajo revisión
Entre los aspectos que el dictamen considera relevantes para una eventual fiscalización se encuentran la trazabilidad de los recursos federales, las cadenas de subcontratación, la capacidad operativa de los proveedores, las transferencias a terceros y la correspondencia entre los pagos realizados y los servicios u obras efectivamente acreditados.
También plantea revisar expedientes de contratación, registros contables, comprobantes de pago, convenios modificatorios, estimaciones de obra y actas de entrega-recepción.
El documento menciona señalamientos difundidos públicamente sobre posibles actos de corrupción, uso indebido de recursos, triangulación mediante proveedores, eventuales conflictos de interés y posibles operaciones relacionadas con facturación falsa o lavado de dinero.
Esas referencias, sin embargo, forman parte de los elementos que motivan la petición de fiscalización y no constituyen hechos acreditados por el dictamen.
Dictamen menciona operaciones relacionadas con despacho vinculado a Samuel García
Uno de los puntos incorporados al documento se refiere a reportajes periodísticos sobre presuntas operaciones entre una empresa proveedora del Gobierno de Nuevo León, sociedades vinculadas y un despacho jurídico del que el gobernador Samuel García Sepúlveda ha reconocido haber sido socio.
El mandatario ha rechazado irregularidades y ha sostenido que las relaciones comerciales señaladas son anteriores a su administración.
Precisamente por la existencia de acusaciones y versiones contrapuestas, el dictamen establece que cualquier conclusión deberá surgir del análisis de contratos, pagos, comprobantes y otros elementos probatorios por parte de las autoridades facultadas para hacerlo.
La ASF tendría que determinar si procede la revisión
La aprobación del dictamen no significa que la auditoría ya se encuentre en marcha ni supone una declaración de culpabilidad contra el gobernador o funcionarios de su administración.
El planteamiento consiste en exhortar a la Auditoría Superior de la Federación para que valore la procedencia de realizar una fiscalización integral de los recursos federales involucrados y determine, dentro de sus atribuciones, qué acciones corresponden.
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El propio documento señala que el procedimiento deberá respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la autonomía de las autoridades fiscalizadoras.
En caso de que una revisión encuentre irregularidades, corresponderá a las instancias competentes determinar las eventuales acciones correctivas, responsabilidades o medidas para recuperar recursos públicos.
