Por: Javier Valdovinos
El presidente municipal de Tlalnepantla, Raciel Pérez Cruz, denunció en conferencia de prensa una serie de presuntas irregularidades ocurridas durante la administración anterior, que habrían provocado un daño patrimonial superior a los 300 millones de pesos.


Las anomalías involucran áreas como deporte, nómina, infraestructura hidráulica y luminarias, y ya se encuentran bajo investigación administrativa y penal.
En materia deportiva, el alcalde reveló un posible conflicto de interés, al identificar al exfuncionario responsable como representante legal de una empresa que autorizaba el uso de instalaciones municipales. Además, se documentó la desaparición de bienes muebles, destrucción de canchas y saqueo de infraestructura deportiva. “Presumimos el robo de equipo, estructuras y mobiliario”, declaró Pérez Cruz.
Respecto a la nómina municipal, se detectaron alteraciones en documentos oficiales, falsificación de firmas y el otorgamiento discrecional de gratificaciones sin sustento legal, por un monto que rebasa los 600 mil pesos anuales. “Ya la ley no contempla estas gratificaciones; se trata de una práctica ilegal”, subrayó el edil.
Uno de los señalamientos más graves se relaciona con obras hidráulicas que fueron pagadas, pero no ejecutadas. Entre ellas se encuentran perforaciones y equipamientos de pozos, rehabilitación de cisternas y renovación de laboratorios de plantas de tratamiento. “Pagar obras no ejecutadas constituye un delito penal”, puntualizó Pérez Cruz.
El presidente municipal aseguró que el gobierno local procederá a buscar la inhabilitación de los responsables, así como la recuperación del dinero desviado y la imposición de sanciones penales. “No voy a tener piedad con las ratas. Lo que pasó no va a quedar impune”, aseveró.
En este contexto, el contralor municipal señaló que se han iniciado procedimientos administrativos con base en auditorías y denuncias ciudadanas, y que ya se han presentado elementos de prueba ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de México. No obstante, debido al debido proceso y la confidencialidad de las investigaciones, no se revelaron nombres ni detalles específicos.
Finalmente, el alcalde denunció que la administración anterior heredó una deuda de 380 millones de pesos con el organismo de agua, pese a contar con condiciones financieras óptimas para resolver problemas estructurales en el abasto y drenaje de la ciudad. “No resolvieron ni el suministro de agua ni el problema de las inundaciones”, dijo.
El gobierno municipal reiteró su compromiso de actuar con legalidad y transparencia, y anunció que en los próximos meses se presentarán avances concretos de las investigaciones en curso.
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