Soberanismo despostillado
Eduardo Meraz
De tan manoseada en este sexenio, como -quizás- nunca antes, al igual que la Carta Magna, la soberanía nacional, después de tantos permisos, acuerdos, licencias para la participación de militares estadounidenses para capacitar a las fuerzas armadas de México, ya está muy despostillada.
La soberanía, palabra solemne, anteriormente con el brillo de un estandarte, hoy parece un espejo astillado, inasible para la vida cotidiana de millones de mexicanos insatisfechos ante un Estado ausente, pues se ha retirado de sus deberes más elementales.
Las constantes y, en no pocas ocasiones, destempladas arengas para defender a la Patria, a la menor provocación, de parte del oficialismo, en particular de la habitante de Palacio Nacional, van perdiendo el eco social manifiesto los 15 de septiembre.
En estos días, se escuchan como ecos cansados, sin el fervor nacionalista auténtico, incapaces de ocultar la contradicción entre la retórica y la realidad.
Pretender equiparar el momento actual con lo ocurrido en el siglo XIX, cuando se perdió la mitad del territorio nacional, me parece una desmesura grande y con poco sustento, no tanto por la fortaleza del ejército mexicano ni por los apetitos expansionistas de Donald Trump.
El grave problema de México, es protestar ante la nación de la cual dependemos en alimentos y energía en más de dos terceras partes y a cuyos bancos y empresarios les debemos hasta la camisa. La dimensión de estas circunstancias es equiparable al verdadera tamaño de la soberanía mexicana.
Pero no sólo eso, los mexicanos nos enfrentamos a un enemigo interno, infiltrado en cada rincón y en casi toda actividad personal y colectiva: los grupos criminales. Ellos son hoy el fiel de la balanza, los que deciden quién puede trabajar, quién puede transitar, quién puede vivir en paz.
Así, la paradoja es brutal: mientras se habla de soberanía en los balcones del poder, en las calles se paga tributo a los cárteles para poder abrir un negocio, mantener un techo o simplemente sobrevivir. La soberanía, entonces, no se mide en discursos, sino en la capacidad de garantizar vidas y bienes.
Y ahí, el Estado aparece desdibujado, incapaz o imposibilitado de cumplir sus obligaciones, ya sea por los elevados rendimientos al posibilitar ilícitos o por asegurar el poder, casi de manera vitalicia.
De ahí la impresión en importantes sectores de la población, desesperados por el sometimiento a cárteles, bandas y células criminales, de carecer de un gobierno fuerte y garante de la seguridad en vidas y bienes.
Esa es la impresión o percepción de un gobierno, pretendidamente soberanista, que ajustó la Constitución, en favor de la operación de los grupos delincuenciales con los menores obstáculos posibles, vía la impunidad superior al 95 por ciento, a cambio de convertirlos en una especie de “chipote” guinda de la manoseada y mancillada soberanía nacional.
Para ello, han ajustado el texto constitucional, para volverlo el ordenamiento que garantice el “modus oper-Andy”, en vez de ser la muralla de la soberanía.
En nombre de un soberanismo de utilería, la impunidad es el verdadero decreto que rige la vida nacional: un permiso tácito para que los grupos delincuenciales operen sin obstáculos.
En los barrios, en los pueblos, en las ciudades, la percepción es clara: no hay un gobierno fuerte y honesto, sino uno endeble y corrompido.
En realidad, la gente siente que vive bajo un doble régimen: el oficial, lleno de palabras, hablando casi a diario de independencia y dignidad, y el criminal, que dicta las reglas de la vida cotidiana, lo cual convierte la soberanía en un concepto vacío.
El ciudadano común ya no se pregunta si el país es soberano frente a potencias extranjeras; se pregunta si es soberano frente al grupo armado que controla su región. La respuesta, dolorosamente, suele ser negativa.
El resultado es un país donde la soberanía se celebra en ceremonias, pero se negocia en la vida cotidiana.
Donde los símbolos patrios ondean en plazas públicas, mientras en las calles se imponen banderas invisibles de grupos criminales.
La soberanía no se defiende con arengas ni con reformas constitucionales hechas a la medida del poder, por más que la titular del Ejecutivo federal sostenga que “nada ni nadie va a detener la transformación de nuestra patria”.
Pero la soberanía se defiende con justicia, con seguridad, con instituciones que funcionen. Mientras eso no ocurra, la soberanía seguirá siendo la fractura de un país que habla de independencia, pero vive en sometimiento.
He dicho.
EFECTO DOMINÓ
Secretaria del Trabajo y de Gobernación en el sexenio anterior; y en la administración actual, presidenta nacional de Morena. Nadie esperaba una caída tan estrepitosa de Luisa María Alcalde, cuyo mejor papel no será ejercer la abogacía como Consejera Jurídica de la Presidencia, sino ser la versión vespertina ampliada, responsable de desmentir noticias que no son del agrado de Palacio Nacional.
