Por: Gilberto Solorza
Cerca de 50,000 personas marcharon en la capital filipina y en ciudades como Baguio e Iloilo para exigir justicia tras un escándalo millonario de corrupción en proyectos públicos de control de inundaciones. Organizaciones juveniles, activistas y la Iglesia católica encabezaron las protestas, señalando la corrupción como un “pecado social” y exigiendo sanciones contra los responsables.
Con esto ya son al menos cinco países del sudeste asiático que se ven inmersas en protestas sociales.
Corrupción y represión: dos caras de la misma crisis
El escándalo estalló cuando se reveló que proyectos millonarios para mitigar inundaciones eran obras “fantasma” o mal ejecutadas, lo que dejó a miles de familias con casas dañadas y tierras inutilizadas. La indignación creció al confirmarse que políticos y contratistas desviaron fondos públicos, convirtiendo la corrupción en el blanco principal de la protesta.
Las marchas, en su mayoría pacíficas, derivaron en episodios de violencia. La policía lanzó cañones de agua para dispersar a la multitud y algunos manifestantes respondieron con bombas molotov y objetos contundentes. El saldo fue de 216 detenidos —entre ellos varios menores— y 95 agentes heridos. En respuesta, el presidente Ferdinand Marcos Jr. creó una Comisión Independiente de Infraestructura encabezada por un juez retirado, con el mandato de revisar una década de contratos públicos. El Congreso inició investigaciones propias que también alcanzan a miembros cercanos al oficialismo.
El trasfondo de esta crisis no es solo financiero, sino también moral: la falta de transparencia en el manejo de recursos erosiona la confianza en las instituciones, mientras la violencia en las calles refleja un Estado que prefiere contener con fuerza antes que resolver con eficacia.
Derechos humanos y percepción internacional en entredicho
Las denuncias de corrupción se suman a un historial reciente de abusos en Filipinas: ejecuciones extrajudiciales vinculadas a la “guerra contra las drogas”, hostigamiento a activistas y periodistas, y desapariciones forzadas en zonas militarizadas como Mindanao y Negros. Tanto fuerzas estatales como grupos armados cometen abusos que incluyen secuestros y reclutamiento de menores.
Estos antecedentes deterioran la imagen internacional del gobierno filipino. Aunque Marcos Jr. se proclama reformista, mantiene políticas autoritarias heredadas de la administración Duterte. La ONU y Amnistía Internacional acusan a su gobierno de impunidad, restricciones a la libertad de expresión y represión del disenso. En política exterior, el presidente oscila entre mantener la alianza con Estados Unidos y acercarse a China y Rusia, lo que incrementa la incertidumbre.
La brecha entre el discurso oficial y la realidad se ensancha: mientras el gobierno presume reformas y estabilidad, las denuncias de abusos y la corrupción refuerzan la percepción de un Estado atrapado en viejas prácticas de impunidad y control autoritario.
